Los fiscales delegados de Anticorrupción en la causa de los ERE fraudulentos han advertido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular Mercedes Alaya continúa de baja por enfermedad, de la posible prescripción de delitos relacionados con las ayudas que se investigan, por lo que ha solicitado que la Guardia Civil "priorice" la investigación de ayudas concedidas entre los años 2001 y 2003.

En un escrito remitido el pasado 10 de octubre al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la Fiscalía Anticorrupción recuerda que el período objeto de la investigación se inicia en el año 2000, cuando se elaboran los borradores del convenio marco de 17 de julio de 2001, pero señala que es a partir de la fecha de utilización de ese convenio a la que se ha "retrotraído la labor de investigación" que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El Ministerio Público señala que dada la "amplitud y complejidad" de esta investigación, se ha venido acometiendo por la UCO una investigación simultánea de los expedientes "que se ha traducido en la entrega de los informes de seguimiento que constan incorporados a las actuaciones".

La Fiscalía advierte, no obstante, que para "evitar la posible prescripción de algunos de los hechos de apariencia delictiva respecto a los ya imputados y a otras personas que pudiesen haber participado en los mismos conforme a la regulación prevista en el artículo 132 del Código Penal", es necesario que se den nuevas instrucciones a la Guardia Civil.

Anticorrupción señala que se debe "priorizar la investigación y entrega de los informes relativos a los pagos efectuados en los años 2001, 2002 y 2003, y ello sin perjuicio de la entrega de los informes de seguimiento relativos a otros años y beneficiarios que vayan siendo concluidos". Estas mismas instrucciones que la Fiscalía reclama que deben cursarse a la Guardia Civil también deben remitirse, a juicio de la Fiscalía, a los peritos designados de la Intervención General, según apunta el escrito enviado por la Fiscalía a la juez Mercedes Alaya, que aún sigue de baja laboral por enfermedad.

La magistrada se encuentra de baja desde el pasado 12 de septiembre, tras haberse incorporado de sus vacaciones estivales. Durante su ausencia, el juez sustituto Iván Escalera se encarga de la marcha de los asuntos del juzgado y es muy probable que hoy mismo resuelva sobre la petición de libertad planteada por Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social, y único imputado que sigue en prisión tras la excarcelación el pasado lunes de su antiguo chófer por orden de la Audiencia de Sevilla.