La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al juez que declare de especial complejidad la causa que implica al ex consejero de Economía e Innovación Antonio Ávila en relación a unas ayudas de 5,8 millones de euros que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedió "sin soporte legal" a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt). El objetivo de estos fondos era financiar los gastos derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales tras la extinción de estos consorcios en 2010.

En una providencia, el juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, dio traslado a las partes para que se pronuncien sobre la petición del Ministerio Público. La solicitud le permitiría disponer de 18 meses para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En un auto fechado el día 17 de septiembre de 2015, el juez atribuyó dos presuntos delitos de prevaricación y fraude de subvenciones a Antonio Ávila al entender que, como presidente del SAE, sería el autor de la resolución de 11 de diciembre de 2012 "por la que se concedía una subvención extraordinaria a cada una de las 94 Utedlt existentes en Andalucía, para hacer frente a los costes por extinción de los contratos laborales de sus plantillas".