La Fiscalía centra en 17 empresas el fraude de los cursos de formación a parados

  • Las firmas receptoras de ayudas habrían falsificado contratos de empleados. La Junta mantiene que el Gobierno abre una causa general contra Andalucía. La cantidad defraudada bajo investigación llega por ahora a los 1,5 millones.

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Un nueva investigación en el uso de los fondos públicos ha vuelto a poner en la picota la observancia con la que el Gobierno andaluz ha gestionado las partidas de presupuesto público. Las sospechas se dirigen ahora a las empresas que impartían los cursos de formación.

Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción investiga desde el pasado mayo el uso de las ayudas destinadas a los cursos de formación en Andalucía de la convocatoria 2010 en la provincia de Málaga, que en su conjunto tuvo un presupuesto de 5,9 millones de euros. Por ahora, la Fiscalía de Málaga ha solicitado información a la Junta de Andalucía sobre las ayudas concedidas a 17 empresas de Málaga, que en total habrían recibido 1,5 millones de euros para estos programas. Se estudia si las empresas cumplieron o no el compromiso posterior de contratación, si desarrollaron el programa formativo estipulado o, incluso, si llegaron a dar los cursos.

Los presuntos delitos investigados son fraude en subvenciones y falsedad. La previsión es que el Ministerio Público remita sus investigaciones preliminares antes del verano a un juzgado para que abra diligencias. Las pesquisas las llevan a cabo agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en la que están trabajando unos 40 agentes, que ya ha tomado declaración a unas 250 personas; sobre todo, alumnos de los cursos que están bajo la lupa y que en algunos casos ni siquiera se habrían impartido. 

Una de las claves de este fraude es que algunas de las empresas beneficiarias habrían falsificado contratos de trabajo para cobrar la totalidad de la ayuda, de ahí que la investigación haya sido motivada por las irregularidades encontradas por la Seguridad Social.

En una comparecencia convocada de urgencia ayer en Sevilla, Luciano Alonso, consejero de Educación, Cultura y Deporte (cuyo departamento ha heredado las competencias en formación tras pasar en los últimos años por Economía y antes por Empleo), indicó que estos 17 expedientes se encuentran "en distintas fases: uno se encuentra terminado y se le solicita reintegro parcial", como recogerá el BOJA, "y el resto o bien se está requiriendo documentación o se está iniciando el proceso de reintegro o tiene la resolución de reintegro a punto de publicar". Estas subvenciones de la convocatoria de 2010 "se ejecutan durante 2011 y 2012, cuando terminan se inicia la justificación durante 2013", explicó para añadir "que ninguno de estos reintegros" habrían "prescrito", dijo.

Según ha podido saber este medio, los 17 expedientes abiertos corresponden a ayudas otorgadas a Centro de Formación Profesional Feijo S.L., Carpintería Vázquez Claver S.L., Master Ronda S. C., Actuaciones Formativas 2000 S.L., Grupo Alce S.L., Proyectos Puerta Blanca S.L., Academia Nena-Sol S.L., Jobesa S.C., Yomaluig S.L., Centro de Formación Gasset S.L.L., Asociación de Empresarios y Profesionales Comarca Valle del Guadalhorce, la Asociación Axarquica de Formación y Empleo, Miguel Ángel Ruano Ruano (Educate), Formación Hostelera del Sur S. L., A.F. Salamar Hostelería S.L., Formación e Inserción Málaga S.L. y Mari Luz Villa Suárez.

El procedimiento de adjudicación de estas subvenciones se habría mantenido invariable este tiempo: cuando se concede el programa a una entidad se tramita un pago por el 75% del importe de la ayuda y el 25% restante "queda supeditado" a la revisión del expediente para verificar si el curso impartido se adecua o no a lo pactado. El principal compromiso de las empresas beneficiarias es que se comprometen a formar para su posterior contratación como mínimo a un 60% del alumnado durante al menos seis meses.

De forma paralela a la Policía, la Junta estaría estudiando "caso a caso" los 56 expedientes de reintegro iniciados. "A lo mejor tenemos que ser más ágiles" en la revisión, dijo Alonso. Éste fue el único atisbo de autocrítica que esbozó el consejero durante su comparecencia en la que reiteró que "sólo hace siete meses" que carga con la responsabilidad de "ordenar el pasado y gestionar el presente" de los cursos de formación.

Acreditados en primeros auxilios, en manipulación de alimentos, en conducción de ambulancias, en asistencia sanitaria y hasta en caza para obtener la preceptiva licencia. El listado de cursos es variopinto, pero muchos tienen un denominador común: la formación nunca se impartió o fue tan deficiente que los supuestos beneficiarios no alcanzaron las habilidades para las que fueron subvencionadas las empresas que impartían las actividades formativas.

Ya en octubre de 2009, el consejero de Empleo Antonio Fernández (imputado en la trama de los ERE) declaró en el Parlamento que "este año la Formación Ocupacional quiere prioridad, quienes la usen con compromiso de contratación. La formación es un elemento de empleabilidad y no un negocio por sí misma. En este año, frente a hace dos años, que sólo había un gasto público de 4 millones, ha pasado a 25 millones de gasto público en formación", queda reflejado en el diario de sesiones de la cámara.

"Es un melón horroroso el que se abre", apuntó una fuente policial para explicar que tirando del hilo, los investigadores pueden llegar a academias, sindicatos, organizaciones empresariales e instituciones por el supuesto fraude en las ayudas a la formación. "Más grande que el que investiga la juez Alaya en el caso de los ERE", añadió. Sin embargo, aunque ahora la investigación esté centrada en Málaga, la práctica se extiende a otras provincias andaluzas y "toda España". "Si va para adelante, se necesitarán cientos de policías", vaticinó esta fuente.

Alonso instó al Ministerio de Interior a "rectificar" y exigió que "si el ministro tiene datos, que los aporte". El consejero sugirió que éste fue "filtrado" interesadamente por el Gobierno de Mariano Rajoy "para hacerlo coincidir con la Semana Santa y el auto del juez Ruz", en el que el magistrado de la Audiencia Nacional vuelve a pedir datos al PP por las sobrecomisiones y mostró su preocupación -cuando no irritación- porque Interior "pone en duda la legalidad de las cantidades que representan el presupuesto total de la Formación Profesional para el empleo en Andalucía en los últimos años". Desde 2007, Andalucía ha recibido unos dos mil millones de euros procedentes de los fondos europeos destinados a formación.

Por su parte, el Ministerio de Interior negó ayer "categóricamente" que desde el departamento del ministro de Jorge Fernández se haya filtrado "ninguna formación". El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, telefoneó ayer en dos ocasiones al ministro de Interior sin obtener respuesta.

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