La Fiscalía investiga por irregularidades urbanísticas a cinco policías de Córdoba

  • El jefe del cuerpo pide su cese temporal y el Consistorio expedienta a los implicados

A falta de la investigación que la Fiscalía ha iniciado a instancias del Ayuntamiento de Córdoba, ayer se conocieron las primeras consecuencias de la trama que rodea a la construcción de casas ilegales en la ciudad por parte de agentes de la llamada Línea Verde de la Policía Local y de un escolta de la alcaldesa, Rosa Aguilar.

El Ayuntamiento ha abierto siete expedientes a cinco miembros de este cuerpo de seguridad, a tres de ellos por la presunta manipulación de documentos públicos y pruebas y a los otros dos por supuestas irregularidades administrativas, según informaron a esta redacción fuentes municipales. Los tres primeros acusados podrían haber incurrido en un delito de prevaricación en la tramitación de estas parcelas.

Una víctima colateral de lo sucedido ha sido el jefe de la Policía Local, Antonio Serrano, quien según la versión oficial habría pedido ser apartado del cargo de forma provisional mientras se desarrollan las investigaciones, aunque otras fuentes apuntan que recibió un ultimátum por parte de la alcaldesa, Rosa Aguilar, para que cesara en sus funciones. Ésta compareció de forma urgente por la tarde ante los periodistas para asegurar que había sido el propio Serrano quien pidió abandonar el cargo temporalmente y recolocarse en otra área del Gobierno local hasta que se aclare la situación.

La regidora, que estuvo acompañada por la teniente de alcalde de Personal, Victoria Fernández, y el concejal de Seguridad, José Joaquín Cuadra, no ha aplicado, de momento, medidas contundentes contra los policías implicados. Aguilar apuntó que estos efectivos, entre los que podría encontrarse el responsable del servicio de la Línea Verde -un grupo destinado en la Policía Local a la protección del medio ambiente- tan sólo dejarán la unidad en la que están actualmente y pasarán a otro destino de la Policía Local hasta que se determine la autoría de los hechos.

La Fiscalía sabe desde hace varios días que el Consistorio tenía una investigación en marcha que podía acabar en sus manos. La alcaldesa le manifestó al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Córdoba, José Antonio Martín Caro, el cierre inminente de esta investigación municipal, que estaba llevando a efectos internos la secretaria general del Ayuntamiento. La Fiscalía tiene ahora que proceder a la apertura de una investigación propia, si lo considera necesario, que podría derivar en un proceso penal siempre que un juez de instrucción considere que existe base para ello.

Aguilar manifestó que estos hechos no van a producir ninguna crisis en la Policía Local. "Es sólo cosa de unas personas que han actuado indebidamente", dijo la regidora, que defendió la honradez de los funcionarios que integran el cuerpo local.

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