El magistrado del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha dictado una sentencia en la que obliga a la Fundación Guadalquivir Futuro a devolver las cantidades retraídas a tres de los trabajadores contratados a través de ayudas al empleo de la Junta de Andalucía. En total, el colectivo -presidido por Ángeles Muñoz y en el que también estaba englobada la asociación Jóvenes hacia el Futuro, liderada por su hijo, Cristian Menacho- tendrá que pagar 5.755 euros a tres de los trabajadores afectados y que han denunciado el caso por la vía social. La sentencia se ha notificado a finales de marzo y se trata de un procedimiento distinto al que se sigue en el juzgado de lo penal, donde tanto Muñoz como Menacho -y un tercer investigado- se enfrentan hasta a ocho años de cárcel cada uno por dos delitos, uno de fraude contra la Administración pública y otro contra los derechos de los trabajadores.

Es la primera vez que un magistrado pone negro sobre blanco las formas de actuar de Menacho, que fue presidente de las Juventudes Socialistas hasta que saltó este escándalo y que formó parte de la candidatura de Isabel Ambrosio a la Alcaldía en 2015. La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, es firme y contra ella no cabe recurso de suplicación porque la cantidad obligada a devolver para cada uno de los trabajadores es inferior a 3.000 euros. En concreto, los tres empleados que forman parte de esta denuncia, que ha defendido el abogado Agustín Repullo Alcántara, percibirán 1.932, 1.587 y 2.236 euros, respectivamente.

La sentencia es firme y sobre ellano cabe recurso de súplicaMenacho "negó la mayor" en los casos en los que no había justificante

El fallo considera probado el mecanismo que los trabajadores han denunciado en más de una ocasión pero cuyo relato ahora adquiere la consideración de sentencia firme. Así, según detalla el magistrado, "los trabajadores, tras ser seleccionados por la oficina de empleo, acudían a una entrevista "y en ese momento se les informaba a la mayoría de ellos que, aunque en el contrato de trabajo se indicaba una jornada de 40 horas semanales, en realidad iban a trabajar 30 horas, cobrando el importe de las horas realmente trabajadas". Tal información, apunta el juez en el apartado de hechos probados, "era facilitada por Cristian Menacho en entrevista privada con los trabajadores".

Algunos empleados no aceptaron la propuesta, por lo que Menacho llegó "a amenazar a alguno de ellos con la pérdida del puesto de trabajo". El juez da el nombre de esta empleada que fue amenazada y de otra que fue despedida "por negarse a tal reducción". El resto aceptó esta cláusula porque lo entendieron como una condición "necesaria si querían trabajar".

La sentencia del juez detalla que cuando los empleados percibieron la primera nómina, la empresa "interesó que devolvieran en mano" la diferencia entre lo percibido y lo trabajado, que en este caso era de un 25%. Algunos de los trabajadores exigieron "que quedara constancia" de las entregas de dinero, por lo que finalmente la empresa accedió a entregarles un documento de "donación" de manera que se fraccionaba el pago y los empleados hacían una transferencia bancaria todos los meses.

El juez insiste en sus hechos probados las prácticas de Menacho y sus amenazas, que eran práctica "habitual". El líder de Jóvenes hacia el futuro siempre decía que si no se aceptaban esas "donaciones" podían perder el trabajo y, de hecho, ponía de ejemplo a una de las afectadas que perdió su puesto. Los tres empleados que demandaron realizaron periódicamente esas aportaciones que en algunos casos superaron los 2.000 euros en sólo cuatro meses.

El abogado Agustín Repullo Alcántara, socio del bufete Garrido, explicó que el juez ha tenido en cuenta incluso las cantidades de las que no quedaron constancia a través de los justificantes. Este precisamente era una de las dificultades que se planteó Repullo como abogado, aunque "el relato fiel de 19 de los 25 trabajadores de la asociación" han dado credibilidad a las pretensiones de los empleados. "Es absurdo que nadie de manera voluntaria done el 25% de su salario", aseguró Repullo, quien matizó que el perfil de los trabajadores era de parados de larga duración, tal y como se especificaba en los requisitos de las ayudas de la Junta.

Otra de las pruebas aportadas a las que ha dado el visto bueno el juez es a los informes de la Inspección de Trabajo, en los que 19 declaraban "lo mismo". "En todas las reuniones previas Cristian Menacho establecía las mismas condiciones", explicó Repullo, quien añadió que la defensa de Menacho se ha pasado en "negar la mayor" en los casos en los que no había justificante, cuando lo había, decir que "lo hacían de forma voluntaria". Se trata, apuntó, "de una excusa peregrina" que no ha sido validada por el juez. "El discurso de todos los testigos lo ha desmontado", añadió. Según relata Repullo, esta práctica se ha sucedido al menos durante los años 2015 y 2016.