El juez Garzón considera Ciudadanía más básica que Religión

  • El magistrado ve "arriesgado" que el TSJA establezca dudas sobre la asignatura

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón consideró ayer "muy arriesgado" que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "venga a establecer dudas" sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), que el magistrado tildó de "básica", más, añadió, "que la enseñanza religiosa".

El magistrado criticó en su intervención en Sevilla en la presentación de la Cátedra Unesco en Interculturalidad y Derechos Humanos de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que el Alto Tribunal andaluz haya apreciado la objeción de conciencia a esta materia. Garzón apuntó que el Estado y sus comunidades autónomas deben educar a los más jóvenes en cuestiones como "la pobreza, la miseria, los derechos humanos, la inmigración o la violencia de género". No obstante, concluyó que la "polémica" cuestión "tendrá que ser revisada por el Tribunal Supremo o por el Constitucional".

El TSJA estimó parcialmente el recurso interpuesto contra EpC y declaró nulas distintas expresiones referentes a la ideología de género y opciones vitales contenidas en las órdenes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 10 de agosto de 2007 por las que se desarrollan los currículos correspondientes a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en Andalucía.

La sentencia argumentó que el límite que exige el principio de neutralidad ideológica "sí se rebasa" en los Reales Decretos que configuran EpC porque la regulación que ofrece "revela a las claras que se está más allá de transmitir los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político recogidos en la Constitución, sobrepasando lo que sea una enseñanza teórica y práctica de los principios democráticos de convivencia".

La consejera de Educación, Teresa Jiménez, recordó ayer en el Pleno parlamentario que la sentencia del Alto Tribunal sobre la asignatura "no afecta" a su obligatoriedad por lo que seguirá impartiéndose. El grupo parlamentario popular acusó al Ejecutivo andaluz de querer "adoctrinar sin libertad a los andaluces".

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