Petroleum Oil & Gas, filial de Gas Natural Fenosa, comenzó ayer los trabajos de ejecución de nuevos pozos de extracción y almacenaje de gas en Doñana, tomando como punto de partida la fase del macroproyecto de Marismas Occidental, que se ubica fuera de las lindes del Espacio Natural.

La maquinaria pesada y los técnicos ya trabajan sobre el terreno en el término municipal de Almonte, que no pisa ningún metro cuadrado de la Reserva de la Biosfera, aunque sí importantes espacios medioambientales como el corredor verde del Guadiamar. La ampliación de la actividad de hidrocarburos en la provincia de Huelva y Sevilla consta de 14 nuevos sondeos y la construcción de un gasoducto de interconexión de 18.169 metros longitudinales que permitirán conectar los parajes de Saladillo y Rincón, atravesando zonas de dominio público forestal.

Los trabajos en Marismas Occidental"prevén la realización de dos sondeos exploratorios", precisamente en las mismas parcelas donde hoy se emplazan los pozos en activo; de ahí que los 5,2 kilómetros de gasoducto discurrirán por el mismo trazado que el existente. El objetivo, subrayaron desde la empresa, es "actualizar las infraestructuras para adecuarlas a las nuevas capacidades". Más controversia jurídica encontró el perímetro de la infraestructura que discurre por una zona A del Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad)

La actividad de extracción gasista en la comarca comenzó su andadura a finales de los años 80, pero la novedad radica en los 14 sondeos que permitirán extraer los recursos energéticos del subsuelo de Doñana, así como la posterior utilización de estos espaciosnaturales para su almacenaje.

La empresa gasista insiste en que los trabajos se desarrollan "conforme a la programación prevista", después de que en septiembre de 2010 obtuviera por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); y dos meses más tarde la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que expide la Consejería de Medio Ambiente. Además, para evitar el posible veto de las administraciones locales de la comarca, en marzo de 2016 el proyecto obtuvo la declaración de utilidad pública y la autorización administrativa. Se trata de una medida de gracia que permitió al Gobierno de España iniciar las expropiaciones a los titulares y administraciones de las fincas por donde discurrirá el gasoducto.

En todo este tiempo, las entidades conservacionistas intentaron paralizar el proyecto. Destacan las actuaciones de Ecologistas en Acción y WWF. El portavoz de ésta última en Doñana, Juan José Carmona, tachó de dislate el que el espacio protegido pueda quedar disociado de valores medioambientales y como emblema "de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles por energías limpias y renovables". El líder conservacionista lamentó que se desarrolle una actividad industrial de hidrocarburos a "escasos 50 metros del espacio natural", la cual puede "causar daños al subsuelo, los acuíferos y el entorno; así como afecciones al corredor verde del Guadiamar". Carmona también censuró que se pretenda, "mediante la vía de hechos consumados, poner en marcha una actividad que no pondrían conseguir de otra forma".

La multinacional catalana salió al paso de estas declaraciones puntualizando que la actividad no consolida ninguna actividad industrial, al ser este un proyecto "recogido en la planificación estatal y regulado por la Administración", por lo que "no cabe objeto especulativo alguno". Destacaron además que la explotación de yacimiento de hidrocarburos cuenta con el aval de la evaluación de la DIA que se ha gestado "durante más de siete años" y tras cumplir con toda la normativa estatal.