Aexcepción de los Gobiernos del lehendakari José Antonio Ardanza con los socialistas vascos, el resto de las coaliciones en las comunidades autónomas han sido un fracaso: sólo aguantaron una legislatura. Les pasó al PSOE con el Bloque Nacionalista Gallego, a los socialistas con los populares en el País Vasco y el paradigma fue el tripartito catalán, origen de los males socialistas. Por eso, desde el PP andaluz se bautizó al Gobierno de coalición de Griñán con Izquierda Unida como el bipartito, que, aunque ciertamente lo es, este nombre quería recordar a Andalucía los desastres, desmanes y ridículos de aquella loca aventura de Maragall y Carod-Rovira. Bueno, en Andalucía también hubo un pacto con el PA, pero aquello no llegó ni a la categoría de coalición.

Pasado un año, no hay mejor calificativo para este Ejecutivo andaluz que el de simbiótico, un Gobierno simbiótico, donde dos seres distintos se complementan para vivir. El PSOE se siente tranquilo después de 30 años gobernando a medida que a IU le vayan bien en las encuestas y se les tilde de radicales porque eso complace a las bases de la federación de izquierda. Se trata de una balanza que no se desequilibra, a mayor protagonismo de uno, más confianza del otro.

El Gobierno simbiótico comenzó su andadura con un reto harto difícil -aprobar los presupuestos de 2013 precedido de un plan de recorte del gasto público que IU se tuvo que tragar-, pero una vez solventado el asunto, el Ejecutivo anduvo en el limbo con el denominado Pacto por Andalucía, un proyecto tan poco atractivo como aburrido. No pudieron sacar a la gente a la calle, y sólo se beneficiaron por cuenta ajena del error Zoido, un jefe de oposición que sólo quiere ser alcalde de Sevilla, un fallo fruto de una decisión precipitada y cargada de cospedeína contra Javier Arenas.

Además de los pactos -serían incapaz de contarlos todos y mucho menos explicarlo-, el Gobierno de coalición empleó la estrategia de marcar distancias con las políticas de Madrid: ellos recortan, y nosotros mantenemos el Estado del bienestar. Pero en Andalucía, aunque menos, también se ajusta, y hay colectivos a los que el argumento de la culpabilización de Madrid ya no les bastaba.

Pero desde hace tres semanas, el Gobierno andaluz se ha olvidado de la estrategia de los pactos y ha pasado al de los decretos de izquierdas. El de expropiación temporal de las viviendas en caso de desahucios barrió el asunto de los ERE y se colocó en el escenario nacional; la consejera de Fomento, Elena Cortés, pasó a ser la lideresa de los escraches, mientras el PP y el Gobierno central se afanaban en buscar a alguien que llevase el decreto ante los tribunales. Alguien distinto a ellos, ya que su secretario general, José Luis Sanz, nos advirtió a principios de esta semana que el Gobierno de Rajoy no va a "perder su tiempo" en formular un recurso. Ea, ya podía hablar con el director general de Farmacia, que ha llevado tres veces -tres- la subasta de medicamentos de la Junta al Constitucional.

Ahora, el decreto contra la exclusión social va cargado de nuevas medidas de izquierdas. Estará dotado con 100 millones de euros e, incluye, entre otras medidas, un plan para asegurar tres comidas a los niños en riesgo de pobreza. La Junta da de comer en los colegios a 200.000 niños, de los cuales, aproximadamente, la mitad no paga por ello. Ello cuesta 8,5 millones de euros al mes, y se trataría de aportar más para ampliar la acción, en los casos más graves, al desayuno y la merienda mediante un plan de aulas matinales. 16 millones de euros parecen pocos para un programa de solidaridad alimentaria, que también incluiría otro tipo de comedores.

El Gobierno corre el riesgo de fallar ante un anuncio tan sustancial. Además de ello, la Consejería del vicepresidente Diego Valderas (IU) prepara un plan de empleo para los parados que ya no reciben ningún tipo de ayuda. Son contratos de una duración muy corta, de entre 15 días a tres meses, para salvar situaciones de emergencia. Del mismo modo, 40 millones de euros para esto parecen pocos, pero hay que esperar a ver cómo se desarrolla este decreto que se aprobará esta mismo mes, y algunas de cuyas medidas entrarán en vigor en el mes de mayo.

El Gobierno simbiótico ha construido, por fin, un relato de qué hace y de qué desea hacer. Ése fue el éxito del PP de Javier Arenas en la pasada legislatura: tuvo un discurso, un elemento que no es suficiente para gobernar, pero sin el cual es imposible hacerlo, porque la opinión pública debe tener un marco conceptual con el que digiera qué significa un Ejecutivo.

Griñán y su aliado Diego Valderas van a recibir muchas críticas airadas, acusaciones de bolivarianismo, intervencionismo y otros excesos, críticas que paradójicamente van a servir de alimento al ente simbiótico porque va a afianzar al electorado socialista y, en todo caso, a que éste disminuya con un corrimiento hacia la izquierda, hacia IU. Lo mismo es. El Gobierno aguantará los cuatro años y, de seguir así, repetirá en 2016 mientras el PP pierde el tiempo deshaciendo errores.