El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha anunciado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que el Consejo de Gobierno aprobará próximamente el proyecto de Ley de defensa de los consumidores sobre productos hipotecarios, que persigue frenar los desahucios y proteger a la parte más débil de la sociedad. 

En respuesta a una pregunta del portavoz de IUlV-CA, José Antonio Castro, sobre este asunto, Griñán ha explicado que se trata, por tanto, de establecer medidas inmediatas para frenar los desahucios y para regularizar los procesos ejecutivos de las hipotecas, preservando el derecho a la vivienda y, sobre todo, protegiendo a la parte más débil cuando se formaliza un contrato en que siempre la entidad financiera tiene todo el poder en la mano.  Ha indicado que se trata de dar protección a "los más débiles, en estos casos a aquellas personas que suelen someterse a lo que históricamente han sido verdaderos contratos de adhesión" y que cuando ha llegado el momento de no poder afrontar el pago de la hipoteca se encuentran con cláusulas abusivas que en muchos casos han acabado con la pérdida de la vivienda.   Griñán ha expresado su preocupación por que esta crisis está provocando una nueva forma de exclusión social que está afectando a muchas clases medias y trabajadores y que se está traduciendo en muchos casos en la pérdida de la vivienda por no poder hacer frente a las deudas, algo que, según ha apuntado, requiere la atención de todos. A su juicio, los ciudadanos no pueden entender que los bancos que llevan a cabo miles de ejecuciones hipotecarias sean apoyados con dinero público para afrontar sus deudas. 

Ha recordado que hasta ahora su Gobierno ha tomado decisiones importantes en una triple dirección, como la puesta en marcha del programa andaluz de defensa de la vivienda; las iniciativas legislativas que parten de la constatación de un exceso de viviendas vacías en territorios donde existe una demanda no satisfecha; y un nuevo plan de vivienda y rehabilitación 2013-2016, para garantizar el derecho a una vivienda digna.   Asimismo, el presidente ha señalado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley hipotecaria española es un gran paso adelante, sobre todo, porque supone dar la razón a la demanda de los ciudadanos para que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda digna. Ha estimado que esa sentencia, sin duda, debe tener consecuencias legislativas por parte del Gobierno y en el sentido de que la iniciativa legislativa popular que se tomó en consideración en el Congreso de los Diputados salga adelante en los términos en que se presentó.  Ha recalcado que aunque esa sentencia no signifique la paralización inmediata de los desahucios, sí abre una vía para legislar de otra manera y para llevar a cabo una reforma de la legislación hipotecaria española. 

Por su parte, el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha valorado los pasos que ha dado hasta ahora el Gobierno andaluz, si bien ha considerado que no son suficientes, de manera que ha pedido al presidente de la Junta una norma que establezca que la vivienda en Andalucía deja de ser un bien embargable, porque se trata de un derecho. Ha expresado su satisfacción por el desarrollo de un pleno del Parlamento este jueves que, a través de varias iniciativas, quiere poner de relieve la importancia que tiene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una Ley hipotecaria española que ha provocado que en este país se hayan ejecutado 440.000 desahucios desde el año 1994, más de 86.000 en Andalucía. Ha criticado que esa ley no fuera modificada por ningún Gobierno de la Nación, ni por el de Felipe González ni por el de José María Aznar ni por el de José Luis Rodríguez Zapatero ni por el de Mariano Rajoy, sino que optaran por  endurecerla. Ha señalado que frente a la dura realidad de muchas familias apartadas de sus hogares, la opinión pública y la iniciativa legislativa popular piden la dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler social o la paralización inmediata de todos los desahucios, algo que debe ser atendido. Ha mostrado su preocupación por que el PP quiere cerrar "en falso" este debate, al tiempo que ha apoyado todas esas acciones pacíficas y no violentas que le dicen al Gobierno central que los ciudadanos no van a quedar impasibles.   Ha pedido al presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, que en lugar de pedir perdón a las "vírgenes", le pida perdón a las 86.000 familias que han sufrido desahucios en Andalucía.

Zoido acusa a Griñán de conceder ayudas irregulares tras el fraude en los ERE

El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha acusado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de conceder ayudas irregulares posteriores a la Orden Reguladora de las ayudas sociolaborales de abril de 2011, que se dictó tras el fraude de los ERE. En la pregunta del PP dirigida a Griñán sobre el balance del primer año de legislatura durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento autonómico, ha continuado el debate sobre los ERE que comenzó con la comparecencia el presidente andaluz, ya que Zoido ha reclamado que explicara por qué se han concedido esas ayudas irregulares posteriores a la orden reguladora.

Ha indicado que se le han otorgado ayudas a la empresa Primayor, en la que el ex sindicalista Juan Lanzas -en prisión por los ERE- fue el mediador, y en la que hay "intrusos", ya que uno de los beneficiarios es Luis García Reyes, "muy amigo de Lanzas y su sucesor en el cargo de UGT Jaén".

Además, ha señalado que es esposo de María José Martínez, una de las "intrusas" de Hitemasa y "activa militante socialista", y ha informado de que existe otra ayuda relacionada con los Astilleros de Huelva, por lo que ha exigido que se esclarezcan estas situaciones. En ese sentido, el líder de PP-A preguntado a Griñán si se ha saltado la orden en algún caso y si va a declarar también nulas las ayudas que ha dado "después de haber modificado el procedimiento para que fuera transparente". Asimismo, ha aclarado que quienes están en cuestión "no son todos los socialistas, ni todos los prejubilados", sino que quienes están en el "punto de mira" son los "altos cargos y dirigentes socialistas que tienen responsabilidades en esta gran trama criminal".

Se ha mostrado sorprendido por que "consintiera que se atacara al Estado de Derecho y la consiguiente separación de poderes", en relación a la sospecha que hizo el PSOE sobre si él, por su condición de juez, conocía la parte secreta del sumario de los ERE. Griñán ha lamentado que se reproche que se someta a revisión el procedimiento de otorgamiento de las ayudas, ya que es una práctica "transparente y democrática" para constatar si las ayudas son legales o no, y "en unas pueden decir que sí y otras que no".

Ha denunciado que a Zoido "llegó a decir que era algo así como el capo de una banda de criminales" y le ha dicho que "no es nadie sin hablar de los ERE" ya que "para hacer oposición hay que tener una posición clara, saber defenderla y tener un proyecto".

Ha agregado que Zoido "está empezando a ser un lastre para su partido por su incapacidad para articular una oposición útil con propuestas concretas" y ha criticado que defienda el modelo de la presidenta de Castilla La Mancha, Dolores de Cospedal, a lo que sólo cabría como disculpa que fuera un "acto de adhesión inquebrantable a su secretaria general por los favores recibidos".