Griñán se convierte en el principal aliado de Solbes en financiación

  • El vicepresidente andaluz defiende un modelo "bueno para Andalucía y España", similar al del Gobierno, que Castells tacha de "decepcionante" e "insuficiente"

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El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, presentó ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) los diez principios básicos que regirán el nuevo modelo de financiación autonómica: suficiencia global, garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales, recursos adicionales para reforzar el Estado del bienestar, ajuste dinámico, status quo y esfuerzo fiscal, variables de distribución y población ajustada, autonomía y corresponsabilidad fiscal, lealtad institucional, cesión de competencias, mejora de la gestión financiera del sistema y adaptación del modelo de financiación a las ciudades de Ceuta y Melilla.

Para el vicepresidente económico, el nuevo sistema garantiza que "ninguna comunidad autónoma perderá". Asimismo, se comprometió a que el Gobierno puede aportar recursos adicionales para reforzar el Estado del bienestar, "en función de la disponibilidad presupuestaria". Además, subrayó que "la distribución de los recursos adicionales entre las comunidades autónomas tendrá en cuenta la población y su evolución".

En el CPFF, que se prolongó durante casi cinco horas, todos los representantes de las 17 comunidades autónomas del régimen común se pronunciaron sobre los principios básicos fijados por Solbes.

Al termino de la reunión, el aliado principal de Solbes, el vicepresidente andaluz José Antonio Griñán, destacó que "Andalucía sigue adelante con su estrategia de ir paso a paso y sin dar gritos, defendiendo un modelo que también es bueno para España", y lamentó que "algunos pongan la venda antes de que salga la herida".

Como anunció momentos antes del inicio de la CPFF, el representante andaluz defendió que los principios básicos fijados por Solbes tienen "una gran coincidencia" con el sistema aprobado por el Parlamento de Andalucía el pasado 26 de junio y el que contempla el Estatuto. No obstante, reconoció la existencia de "discrepancias" que "se negociarán" con el Ministerio de Economía y Hacienda en la siguiente ronda de contactos.

"Es un documento que reconoce la suficiencia de recursos, así como la corresponsabilidad fiscal, y una mayor autonomía financiera. Y que establece que los principios fundamentales que deben regir en un sistema de financiación deben partir de la población", explicó el representante andaluz.

Después de defender que Baleares es una de las comunidades que han salido claramente perjudicadas con el actual sistema, Griñán anunció que Andalucía insistirá en la ponderación de la población en edad escolar en "un bloque dedicado directamente a la educación".

El máximo responsable de las finanzas andaluzas se mostró convencido de que el sistema puede estar aprobado y en funcionamiento el próximo otoño.

Por su parte, el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat catalana, Antoni Castells, calificó el documento de "decepcionante, insuficiente y preocupante".

Castells señaló que con "los principios básicos" establecidos por Solbes "no se puede cambiar el modelo en la línea que hay que cambiarlo". "Comprendo que aquellos que no quieren cambiar el modelo estén encantados con esta propuesta", ironizó.

El conseller catalán subrayó que "estamos en unas fechas en las que debería haber algo más". "Los principios pueden ser buenos o malos; éstos son malos", sentenció.

En un receso de la reunión, Castells declaró que Cataluña no quiere imponer "nada a nadie" pero sí que "se cumpla el Estatuto", y admitió coincidencias críticas con Madrid.

Por su parte, el representante del Gobierno balear, el conseller Carles Manera, se mostró comprensivo con el Gobierno de Zapatero al entender que la crisis económica afectará a la reforma, y apuntó que el enfoque correcto es de los parámetros de "unas comunidades mal financiadas y otras que tienen una financiación más correcta" y no los "frentes comunidades ricas y pobres".

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, María Luisa Araujo, se alineó con el Gobierno al considerar que la cesión del 50 por ciento del IRPF, IVA e Impuestos Especiales es "una distribución razonable"

En las comunidades gobernadas por el PP, el consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, tachó el documento de "inconcreto" y pidió al Gobierno que anule la ayuda de los 400 euros y reordene el presupuesto. Por el contrario, el representante de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, defendió la postura oficial del PP al reclamar 7.000 millones de euros más para todas las comunidades por el incremento poblacional, y se desmarcó la anulación de la devolución de 400 euros.

Mientras las comunidades se encontraban en plena reunión del CPFF, en el mitin de los 100 días, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que habría acuerdo.

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