Desde que estallara el escándalo de los ERE, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se había mantenido bastante al margen de las acciones emprendidas por la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya. Hasta ayer. En la última sesión de control al Gobierno de esta legislatura y tras el enésimo ataque de su máximo rival, Javier Arenas, se revolvió contra el PP y, de rebote, contra la juez. Le acusó directamente de "hacer trampas", "manipular" y "jugar" con la instructora de la causa, colocando a ésta indirectamente como una parte interesada por entrar en ese juego. En definitiva, puso en tela de juicio su independencia.

La prueba en la que sostuvo su ataque fue en los documentos que el PP ha ido exhibiendo e incorporando a la causa -está personado como acusación popular-, entre ellos, los que se transformaron en parte de los dos autos en los que se apuntaba a su posible conocimiento de los tejemanejes en la concesión de ayudas a empresas y a la inclusión de intrusos en los ERE en su etapa como consejero de Economía. "Yo leo los autos también y veo cómo engañan ustedes a la juez, cómo tienen ustedes un papel hace ocho meses, lo enseñan aquí, haciendo trampas y lo mandan ocho meses después a la juez. Confunden términos jurídicos-contables, y luego lo que recoge la juez en los autos es lo que ustedes dicen", dijo Griñán, que vio en el PP la instrucción de un "sumario paralelo".

Esta estrategia de defensa hasta ahora había recaído casi en exclusiva en dirigentes del PSOE y en la portavoz del Gobierno, Mar Moreno, encargada de anunciar los recursos de la Junta contra los dos autos de 16 de noviembre y 2 de diciembre por dar curso a peticiones del PP que, según su criterio, carecían de fundamento al señalar a Griñán. En estos pedían las autorizaciones a operaciones de endeudamiento o bien autorizaciones presupuestarias que pudiera haber dado quien era consejero de Economía en 2005 a la agencia pública, Idea, el ente canalizador de las ayudas concedidas presuntamente de forma fraudulenta. Algo que, según la Junta, no era competencia de Griñán en el primero de los casos, y en el segundo, la petición era "engañosa" o "confusa". Sin embargo no son estas las únicas ocasiones en las que Alaya ha apuntado al presidente andaluz. La primera vez fue con motivo del conflicto de jurisdicción por la entrega de las actas de los consejos de gobierno desde 2001, en la que sostuvo que éste supo de los reparos de la Intervención General de la Junta al pago de las prejubilaciones.

Mientras han sido Moreno y otros quienes manifestaban el "malestar" del Ejecutivo autonómico por la actitud de la juez de seguir las directrices marcadas por el PP y tener en el punto de mira al presidente, Griñán prefería no entrar en esa guerra. De hecho, lo más contundente que había dicho al respecto es que era "imposible" que se le pudiera imputar absolutamente nada. No parece que esta reacción, por tanto, sea por el goteo de acusaciones al que le ha sometido constantemente la oposición, sobre todo, el PP -le llaman el "presidente de los ERE"-, sino más bien por aprovechar la plataforma que ofrecía el último pleno con sesión de control al Gobierno. La próxima cita parlamentaria es, por ahora, el debate final del proyecto de Ley de Presupuestos, una sesión monográfica a la que podría sumarse otra más de balance de estos cuatro años pero que aún está por concretarse. Sería en enero y una sesión extraordinaria, pero que estará condicionada por la fecha de celebración de las elecciones autonómicas -deben mediar 56 días entre la convocatoria y la disolución de la Cámara-, una decisión que es competencia exclusiva del presidente de la Junta y que se resiste a despejar, a pesar de la insistencia de Arenas por sugerir que ya está marcado en rojo el 25 de marzo de 2012.

A pesar del interés de la Junta por esclarecer este escándalo de los ERE -es parte perjudicada-, el Grupo Socialista volvió a tumbar la décima petición PP de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.