El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero se quedó “de piedra” cuando la juez Mercedes Alaya le leyó la imputación formal en esta nueva fase de investigación del escándalo de los ERE, en la que le acusa de haber recibido diversas cantidades de dinero procedente de fondos públicos, así como otros regalos como viajes y estancias en hoteles. Guerrero insistió en que sus “únicos vicios” son un paquete de Marlboro y un gin-tonic “de vez en cuando” y rechazó que haya comprado o consumido drogas.

Francisco Javier Guerrero, que se encuentra en prisión desde el pasado miércoles, imputado por cuatro delitos -prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y asociación ilícita-, recibió según la instructora “sobres con dinero” que su chófer recogía en Madrid de manos de Antonio José Albarracín, ex director de Vitalia y que también está en prisión. El ex alto cargo habría recibido además en sus cuentas 168 transferencias por un total de 249.000 euros, todas ellas por cantidades inferiores a los 3.000 euros.

Según Alaya, también recibió parte de las comisiones cobradas por Uniter, que transfirió distintas cantidades a empresas vinculadas al entorno de Guerrero, y cita expresamente una transferencia de Uniter al despacho Estudios Jurídicos Villasís por 190.000 euros, y en la propia contabilidad de Uniter aparecen dos pagos por 25.000 y 75.000 euros con el concepto “J. Guerrero”.

Sin embargo, Guerrero niega todas estas presuntas dádivas, ya que, según sostuvo en su comparecencia, “nunca” recibió dinero de nadie ni de ninguna aseguradora, y respecto a los viajes a Mojácar, Shangai y Egipto, Guerrero sostiene que él y su esposa siempre pagaron su parte.

Sobre la inclusión de su suegra, Victorina Madrid Pisabarro, en el expediente de SOS Cuétara, Guerrero negó que Vitalia le hubiera hecho “ningún favor”, por cuanto considera que tenía autoridad para adjudicar el cobro de estas rentas a su suegra, porque era “una ex trabajadora más de los 6.500 que ha atendido” durante su paso por la dirección general de Trabajo de la Junta y añadió que no consideró la posibilidad de abstenerse en este caso por razón de su parentesco.

Cuestionado por la juez sobre el cobro de las sobrecomisiones, Guerrero señaló que “no era consciente” de la existencia de las mismas, porque este coste de mediación no aparecía en las pólizas que financiaba la Junta y, en cualquier caso, “no se dio cuenta del enriquecimiento de los representantes de las mediadora, o de Juan Lanzas”, el supuesto “conseguidor” con el que reconoce que tenía amistad.

El ex director de Trabajo “nunca preguntó a los mediadores cuanto cobraban de comisión, porque no era de su interés”, ya que sólo le interesaba “solucionar el problema que le ponían encima de la mesa”.

Guerrero sí reconoció que en algunos casos se había pactado con los comités de empresa que “se incluyeran en el importe de las pólizas los honorarios de algunos despachos de abogados” y precisó que “posiblemente haya ocurrido” en alguna ocasión.

El ex alto cargo también se refirió sobre el papel que jugaba Antonio Albarracín en Vitalia, al afirmar que él considera que era “si no el dueño, uno de los dueños de Vitalia”, porque “hacía y deshacía como quería”, y aseguró que las decisiones de incluir a determinadas personas en las pólizas era precisamente de Albarracín.