Hacienda no descarta despidos en las empresas públicas

  • La consejera Martínez Aguayo avisa de que cada ente deberá adoptar sus propias decisiones. Sobre posibles ERE: "No puedo contestar porque son centros que no son de mi competencia".

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En varios momentos, las respuestas que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ofreció ayer después del Consejo de Gobierno sonaron a avisos, pero no a los periodistas, sino a las empresas públicas de la Junta, a las consejerías a las que pertenecen y también a los sindicatos. Después de haber conseguido que el Gobierno central le autorizase reponer el techo de endeudamiento hasta el 15,1% y de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la Consejería de Hacienda ha obtenido el aire que necesitaba y está en disposición de comenzar a tramitar los Presupuestos de 2013, pero las cuentas del próximo año serán restrictiva y "difíciles", y todo indica que serán las empresas públicas las que cargarán con la mayor parte del coste. En el sector trabajan 22.000 empleados, según datos de la propia administración autonómica, y Martínez Aguayo le mostró el camino: o se reduce el volumen de éstas -lo que supondría despidos masivos- o se recortan sueldos y horarios. Esa última es su opción, pero es un asunto que quiso dejar ahí, en manos de los gestores de estas empresas y de los sindicatos, que ya antes de verano le obligaron a cambiar parte de su Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta, una reforma en la que también tuvo mucho que ver la presencia de IU en el Gobierno. La fórmula de entonces fue menos sueldo para los interinos a cambio de quedarse con un empleo.

Y es que muchas empresas públicas, debido a la caída de la actividad económica, se han quedado sin funciones o se ha reducido al mínimo, caso de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), donde trabajan unas 700 personas. La consejera de Hacienda lo tiene claro: serán éstas, de acuerdo con las consejerías a las que pertenecen, y con los sindicatos, las que decidan como "adecuarse" al nuevo marco financiero. "El camino que plantea la Junta siempre es el del mantenimiento del máximo empleo, como hemos demostrado y ésa es nuestra convicción", aseguró Aguayo, pero, al ser preguntada por si descartaba algún ERE en alguna de ellas, aseguró: "No puedo contestar si habrá porque son centros que no son de mi competencia".

"Las empresas públicas deben tener un adecuación, y tienen todo un abanico de posibilidades para conseguirlo", señaló. El trasfondo está claro: la Junta debe cumplir el objetivo de déficit tanto en 2012 como en 2013, y más ahora que se ha acogido al FLA; confeccionará los Presupuestos, y a cada empresa le transferirá unos fondos más magros que en el ejercicio anterior, así que deberán buscar sus propias soluciones. La Consejería de Fomento, a la que EPSA pertenece, está abriendo oficinas para realizar labores de intermediación con los bancos y frenar los desahucios, así que parte del personal de esta empresa podría asumir nuevas funciones, pero el total de la plantilla se antoja excesivo para dedicarlo por completo a ello.

La consejera recordó, en ese tono de aviso, que cuando se incrementó la jornada laboral al conjunto de los empleados públicos a 37 horas y media, la Junta hizo una "apuesta clara por el empleo, buscando un abanico de medidas que permitieron conciliar la restricción presupuestaria con el máximo mantenimiento del empleo" y es la posición en la que, según indicó, sigue la administración autonómica.

Uno de los entes que desaparecerán antes de finales de 2012 son las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (las conocidas Utedeletes). Son 95 en total y pertenecen a la Consejería de Economía y a los ayuntamientos. Su supresión no es una consecuencia de la acogida al FLA o de los cambios actuales, sino que ya estaba prevista en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio, donde se daba cuenta de que iban a desaparecer 111 centros y empresas de la Junta. Faltan estas 95 unidades territoriales de empleo, debido, según Martínez Aguayo, a que son consorcios donde intervienen otras administraciones, pero la consejera dio por hecho que la reordenación del sector público andaluz habrá concluido a finales de diciembre. Otras cuestión son los ajustes que deberán realizar las empresas públicas como consecuencia del Presupuesto de 2013.

El Consejo de Gobierno tendrá preparado su anteproyecto a finales de octubre. Hacienda ya sabe que el endeudamiento oscilará entre el 15,1% y el 15,3% -la cifra que tenía antes del verano-; el déficit deberá bajar del 1,5% al 0,7%, aunque es posible ganar aún algunas décimas, y pronto -esta semana- sabrá cuál será el gasto total, menor que el año anterior. No obstante, aún debe resolver un problema grave: cuánto decrecerá la economía andaluza. El cálculo del PIB es importante para fijar los ingresos y, por tanto, los gastos, considerando que la diferencia no puede ser mayor de ese 0,7%. El problema es que mientras el Gobierno central mantiene que el PIB bajará un 0,5%, otros institutos lo agravan. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, el decrecimiento será del 1,3%, según sus previsiones de anteayer.

Si ya era una obligación cerrar el año con un déficit del 1,5%, después de solicitar el FLA es una imposición. En caso de desvío, y el Ministerio de Hacienda ha pasado a vigilar mensualmente a las comunidades autónomas, el Gobierno central puede obligar a realizar más recortes este mismo año. Martínez Aguayo aseguró que "estamos en disposición de cumplirlo". La Junta contaba con obtener 350 millones de euros en ingresos por operaciones de venta-alquiler de edificios, pero la consejera apuntó que "probablemente" eso no se conseguirá. Según Martínez Aguayo, esto se verá compensado con 274 millones de euros más los intereses que se han reconocido a la comunidad por dos sentencias judiciales tras reclamaciones al Estado respecto a la liquidación de determinados fondos del modelo de financiación.

No obstante, y aunque no lo verbalice, Hacienda también sabe algo: si no cumple con el objetivo de déficit, Andalucía no será la única comunidad. Para Cataluña, ya es casi imposible, y puede que, para España, también. El FMI mantiene que el país no alcanzará el 3% de déficit hasta el año 2017.

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