El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, José Luis Centella, informó ayer de que el Gobierno de Mariano Rajoy, en una respuesta parlamentaria, le ha transmitido que, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el desarrollo del Estatuto de Cataluña en relación con los PGE del año 2010, estas leyes autonómicas y las disposiciones que a los presupuestos se refieren son "un compromiso de carácter político y no un imperativo que debe reflejarse obligatoriamente" en las cuentas del Estado.

El Gobierno considera en esta respuesta que "las disposiciones estatutarias no vinculan al Estado en la definición de su política de inversiones ni pueden condicionar la voluntad del legislador en el ejercicio de sus funciones sobre los PGE", por lo que, dado que "la prioridad de su política presupuestaria es la reducción del déficit público y el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal con Europa", los PGE "están marcados por la austeridad y el rigor, habiendo tenido que reducir el nivel de inversiones publicas en todo el territorio".

La explicación, sin embargo, no ha contentado a Centella, quien criticó que el Estado, amparándose en esa sentencia del TC, "no solo decida si procede dotar de créditos" a las comunidades de acuerdo a lo establecido en sus Estatutos sino que, además, "en el caso de hacerlo, pueda determinar la cuantía del mismo".

Ante ello, el diputado de la formación de izquierdas califica de "sorprendentes" los argumentos tanto del Gobierno como del Constitucional porque, a su juicio, "los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas aprobadas por el mismo órgano que los PGE, el Congreso de los Diputados, y por tanto, del mismo nivel, lo que impide establecer una jerarquía entre ambas leyes".

Frente a esta "laguna" legal, Centella plantea que sea "la propia Constitución la que establezca la primacía de los Estatutos de Autonomía sobre otras leyes" para que, de esta forma, se termine "con una situación que convierte en papel mojado a los Estatutos de Autonomía, provocando graves conflictos que llevan a un cierto numero de ciudadanos a cuestionar la eficacia de la propia Constitución".

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados también anunció que, dado que el PP considera los PGE una "determinación política" y pretende "supeditar el cumplimiento del Estatuto de Andalucía a la reducción del déficit, es decir, que sitúa cumplir con la norma que regula la autonomía andaluza a sus compromisos con la Señora Merkel y la troika Europea, el Grupo de Izquierda Unida en el Congreso presentará una enmienda a los PGE para Andalucía "para que la voluntad política del Gobierno cambie y cumpla el compromiso político con el Estatuto".

En esta línea, exigirá también a los diputados andaluces del Partido Popular que digan públicamente "si están con el desarrollo de Andalucía o con dar prioridad al pago a la banca alemana".