Después de que una denuncia sobre posibles cobros por parte de una asociación del distrito malagueño de Palma-Palmilla al repartir comida donada hiciera saltar las alarmas, las investigaciones del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ahora se centran en otros colectivos de la barriada con el objetivo de determinar si también incumplen la normativa, puesto que su distribución debe ser gratuita. Asimismo, estudian si los responsables "enmascaran" estos cobros con gastos administrativos de la asociación.

Para ello se mantiene activa una comisión de control a través del área de Agricultura de la subdelegación del Gobierno en Málaga con la que se pretende averiguar si los desfavorecidos tienen que pagar a cambio de acceder al reparto de alimentos. En caso de que se detecten irregularidades se impulsará un plan dirigido a aquellas asociaciones sobre las que giran las sospechas. Las indagaciones de los inspectores del área funcional, en este sentido, podrían derivar en la apertura de un procedimiento que supondría excluir a los beneficiarios del programa de reparto y no volver a disponer de dichas ayudas alimentarias.

Este control específico se lleva a cabo sólo cuando el FEGA, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que surte a unas 9.000 asociaciones, recibe una demanda en la que se alerta de algún tipo de anomalía en la distribución de comida. Pero eso sí, en caso de que los inspectores no consigan acreditar los hechos denunciados, el colectivo no se verá afectado y seguirá formando parte del programa.

Las actuaciones comenzaron después de conocerse que una de las asociaciones de Palma-Palmilla que reparte alimentos cedidos por el citado fondo a través de Cruz Roja podría estar cobrando 5,20 euros a los necesitados a cambio de ofrecerles un lote de productos no perecederos. Fue un vecino el que elevó la queja al Ayuntamiento de Málaga y al Ministerio con numerosas firmas de supuestos afectados por este comportamiento. Estos días también se ha presentado una denuncia ante la Policía.

El presidente de la asociación precisó que los socios "pagan una cuota mensual de un euro", lo que considera "algo simbólico", pero negó que fuera requisito necesario para acceder a los alimentos.