EL ajedrez es un juego ilustrado que encierra un gran error histórico: muerto el rey, se acabó la partida, cuando en realidad, es a rey muerto, rey puesto. La inmortalidad de la institución se consigue mediante el hecho sucesorio. La dimisión de José Antonio Griñán como presidente de la Junta hace menos de un año tuvo algo de diferido. Si no se hubiese ido antes y sin que nadie se lo hubiese pedido, al día de hoy cargaría con un aluvión de peticiones. Su caso y el de Magdalena Álvarez son similares: la también ex ministra de Fomento fue consejera de Economía y Hacienda hasta el año 2004, cargo en el que fue relevada por José Antonio Griñán hasta que en 2009 éste se convirtió en presidente después de la dimisión de Manuel Chaves. La imputación de Magdalena Álvarez por la juez Mercedes Alaya, decisión ratificada esta semana por la Audiencia de Sevilla después de un primer rechazo, se sustenta en los mismos motivos que hubiera aplicado a Griñán de no ser éste aforado, ya sea porque hoy es senador o, anteayer, parlamentario autonómico.

Como Álvarez, Griñán estuvo al frente de Economía durante el tiempo de vigencia del sistema de ayuda a los ERE, durante algunos de los años en los cuales el interventor general Manuel Gómez realizó serias advertencias al método y durante los cuales se cubrió el déficit de la partida 31L, de la que se nutrían estas subvenciones. Hay una diferencia sustancial, Magdalena Álvarez ejercía en el año 2001, cuando se firmó en la Consejería de Empleo el convenio marco que regulaba el pago a los ERE. Pero la imputación de la ex ministra hubiera sido leída como una imputación en diferido a Griñán. Pero el rey, es decir, ese presidente, que hoy escribe unas memorias y es uno de los pocos visitantes asiduos de la biblioteca del Senado, decidió adelantar el jaque mate. Se fue, y llegó Susana Díaz, la nueva reina, la que Griñán liberó para que la institución del Gobierno andaluz no se viera interferida por el escándalo de los ERE. Otro ha venido a tomar el relevo, el de la formación, y ya veremos si no cae en las mismas manos.

El auto de la Audiencia de Sevilla de esta semana ha sido visto como un espaldarazo a la juez Mercedes Alaya en su afán de juzgar a la cúpula de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2010; no sólo a los titulares de Empleo ni a los que estuvieron, directamente, en el manejo del dinero y las subvenciones -los Juan Lanzas y Francisco Javier Guerrero-, sino a los principales responsables del Gobierno. Esto es importante: la Audiencia opina que no es "irracional" ni "arbitraria" la "hipótesis" de que la técnica, es decir, el sistema, fuera "introducido para propiciar lo que finalmente ocurrió". Es decir, que la Audiencia no cree descabellada la teoría de la juez Alaya de que, tras el caso de los ERE, hubo una confabulación de altos cargos del Gobierno andaluz para aprobar un sistema opaco a los controles y beneficiar a sólo unos cuantos. Sin embargo, la misma Audiencia también sostiene que las transferencias de financiación, el método por el que se enviaba el dinero al IFA o a Idea desde la Consejería de Empleo, no es ilegal en sí e, incluso, es "razonable" subrayar, como han hecho las defensas de algunos imputados, que "cómo puede ser ilegal lo aprobado por ley, en los Presupuestos"; es decir, en el Parlamento.

Este meandro argumental de la Audiencia revela algo: la instancia no podía volver a rechazar por segunda vez la imputación de Magdalena Álvarez, eso hubiera sido desmontar la pirámide que la juez Alaya ha ido construyendo, un jaque a la reina (Mercedes) casi insalvable. Si Magdalena Álvarez no era imputada, ¿por qué, entonces, Griñán? ¿Y Manuel Chaves? Ni de lejos. Y si Griñán y Chaves no eran siquiera imputados, ¿para qué tantos meses de investigación en las alturas? Los magistrados de la sección séptima de la Audiencia han optado por un atajo; al fin y al cabo, ellos ni siquiera están proponiendo que se juzgue a Magdalena Álvarez, sólo que ella puede hacer uso de esa garantía procesal que es la imputación. Garantía que, por supuesto, figura así en los manuales de Derecho, porque en la realidad es una estrella de David en la solapa del señalado.

La Audiencia de Sevilla no iba a perpetrar el jaque a la reina. Ahora bien, tampoco parece estar por coronarla después de los desencuentros que ya han tenido. Aún quedan por resolver los dos recursos del mes de abril de la Fiscalía Anticorrupción contrarios a la instrucción de Mercedes Alaya o, para ser exactos, favorables al envío inmediato de parte de la causa por Tribunal Supremo por la concurrencia de aforados en el caso; entre ellos, los dos ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Anticorrupción considera que Alaya ya ha reunido un relato suficiente para que sea otra jurisdicción la que se pronuncie sobre la imputación de la cúpula de los anteriores gobiernos de la Junta, y en su último auto, la Audiencia insiste en que "es posible" que la "terminación" de la instrucción ya no le corresponda.

La juez ha demostrado que sabe manejar muy bien los tiempos, y es más que posible que no le haya pasado desapercibido ni los avisos de la Fiscalía ni esa frase de la Audiencia, de ahí que "en breve", según sus propias palabras, o antes del verano, en la de este cronista, sea cuando envíe el caso al Supremo. Alaya no se va a arriesgar a una amonestación de la Audiencia, aunque, según sus anteriores autos, enviará los 70.000 folios al tribunal, sin trocear, para que sean jueces del Supremo los que decidan lo que la Fiscalía considera un caso con riesgo de hipertrofiarse.