La definición contiene una exageración, pero sólo geográfica: "Lanzas es el único español del mundo que ha engañado a Ruiz- Mateos". El interlocutor -quien así se explica- es una de las personas que a lo largo de estos últimos años trató con Juan Lanzas, encarcelado por la juez Mercedes Alaya al considerarle uno de los conseguidores de los ERE y adjudicarle un negocio de, al menos, 13 millones de euros. Para algunos, es la pieza clave de todo un entramado, que situaría el caso, según esta versión, en la teoría de los cuatro golfos, pero con grandes contactos en varios departamentos de la Junta y a distintos niveles. Una hidra con un campo abonado para ello. "Hay una cosa que no te puedes olvidar -sigue-: es de pueblo, de Albanchez, con lo que eso significa; es un echaopalante, y además tiene la maldad de un sindicalista curtido que ha estado en un montón de conflictos". La imagen que ilustra esta página aporta otros trazos sobre el perfil de este hombre. Ropa cómoda, sonrisa en el rostro y gafas de sol a pesar de que aún quedaban diez minutos para las 7 de la mañana. Juan Lanzas ya iba preparado ese viernes 22 de marzo para entrar en prisión. Posiblemente, esta imagen revele la tranquilidad de quien cree que lo ha dejado todo bien atado antes de entrar en la residencia de las sombras.

Los encarcelados por la juez Mercedes Alaya, la instructora del caso, se dividen en dos: los que pueden derrumbarse en prisión y los que aguantan. Entre éstos últimos, figura Francisco Javier Guerrero, el que fuera director general de Trabajo de la Junta durante 10 años, el hombre que controló la partida 31L de ayudas sociolaborales del presupuesto andaluz. Otros no: el cuñado de Lanzas y supuesto testaferro en sus empresas, Ismael Sierra, encarcelado al sábado siguiente, salió tres días después tras pagar los 50.000 euros de fianza que, según su abogado, le dio su ex esposa de un dinero que le quedaba de una indemnización de Telefónica. El duro de verdad, pero mucho más afortunado que Guerrero, posiblemente muchísimo más, es Juan Lanzas, el hombre al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las órdenes de Alaya como Policía Judicial, le atribuye haber obtenido del negocio de los expedientes unos 13 millones de euros, aunque, según fuentes de la misma investigación no se descarta que la cifra sea mayor. De momento, se le tienen registrados 16 inmuebles y es posible que el dinero, que siempre deja rastro de no ser que se posea diez veces más para ocultar la senda dejada, sea encontrado por la Guardia Civil en unas investigaciones que, de momento, se mantienen bajo secreto.

Lanzas y Guerrero comparten ahora módulo y patio en la prisión de Sevilla-I. A pesar de que la prisión preventiva sólo se puede aplicar para evitar la destrucción de pruebas o ante un posible riesgo de fuga, los supuestos compinches están juntos en la misma cárcel, aunque bien es cierto que Guerrero ya ha tenido tiempo más que de sobra para ejecutar alguna de estas dos posibilidades. Ésta es la segunda vez que entra en prisión de modo preventivo.

Un tipo de pueblo. El suyo: Albanchez de Mágina, al pie de la sierra de la que despunta el pico más alto de Jaén: 2.167 metros, casi como su número de habitantes. Allí nació y reside, a ratos, este ex sindicalista que intervino en los expedientes de regulación de empleo de muchas de las empresas beneficiadas por las ayudas sociolaborales de la Junta. ¿En calidad de qué? Ese fue su secreto. Pues en calidad de Juan Lanzas; en calidad de todo, lo mismo representaba a los trabajadores que a la empresa o, como en el caso de las compañías de Ruiz-Mateos, a ambas partes a la vez. Además, mantenía una relación muy estrecha con Vitalia, una de las dos grandes intermediarias de todos los ERE, y figuraba en nómina del bufete Estudios Jurídicos Villasís desde el 18 de febrero de 2003. ¿En calidad de qué? Pues eso, de Juan Lanzas, un hombre útil, se supone.

La familia Ruiz-Mateos pagó a Lanzas por intermediar en ERE que hubiera conseguido por otros modos. En el auto de prisión, Alaya asegura que la esposa del ex sindicalista se habría trasladado a la casa del empresario roteño en Somosaguas (Madrid) para cobrar parte del dinero. Sí está atestiguado que trabajadores de una de sus bodegas de Jerez quisieron reunirse con el ex delegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza con Lanzas como representare, y al negarse éste porque lo consideraba representante, pero de la empresa, es decir de Nueva Rumasa, los propios afectados por el ERE se negaron. Sin Lanzas, ellos no iban a Cádiz. Habría que rastrear en los anales del Derecho Laboral para encontrar un mismo defensor de las dos partes en conflicto.

La amistad que con los años fue trabando con Francisco Javier Guerrero le abrió la llave de la hucha de la Junta, aunque sólo esto no explica cómo logró situarse en un puesto tan privilegiado que le permitió acudir a la Consejería de Empleo con clientes, empresas y trabajadores susceptibles de recibir lo que entre ellos se llegó a llamar "subvenciones tipo ERE". Un hombre que, según la juez, repartía dinero en sobres en bares cercanos a la Delegación de Empleo de Sevilla, en la misma Consejería e, incluso, en los alrededores del Parlamento andaluz. Guerrero y Lanzas, sí, se harían grandes amigos. Juntos, y con sus esposas, estuvieron un verano en Mojácar, y otras veces viajaron a China y a Egipto con estancias que, según la instructora, habría pagado el conseguidor. ¿Sólo estos dos se bastaban para armar el entramado?

El perfil de Lanzas, en efecto, es similar al de Guerrero, pero, con el punto de maldad que no sólo ve el interlocutor citado al principio. Otros que lo han tratado, también. Se trata de un negociador, un solucionador de problemas laborales, un tipo de sindicalista eficaz que anduvo en el filo de la navaja, hasta que se pasó al otro lado.

Lanzas ingresó en la UGT en 1979, fue secretario de Organización de la Federación de Alimentación en Andalucía de este sindicato entre 1990 y 1997, y hasta febrero de 2002, su secretario general. A partir de entonces, "se puso en la calle", según han relatado dos personas que lo han conocido, citando una frase del propio Lanzas. Había aprendido cómo funcionaba el sistema de ayudas a afectados por expedientes de regulación de empleo en Cárnicas Molina, en Jaén, llamada antes Hijos de Andrés Molina, y sobre la que después la familia Ruiz-Mateos intentase montar una planta de Dhul. Con los Ruiz-Mateos se llevaba especialmente bien, e hizo de conseguidor para cinco ERE financiados por la Junta en Garvey, Zoilo Ruiz-Mateos, Dhul y el Hotel Cervantes. Según apunta la juez Alaya en su auto de prisión, por cada uno de los ERE habría cobrado, supuestamente, 600.000 euros, pagados a razón de 20.000 ó 25.000 euros cada mes. De ahí, lo del engaño.

Fue allí, en Cárnicas Molina, donde Lanzas y Francisco Javier Guerrero se conocieron y donde también tomó contacto con Gaspar Zarrías, quien fuera el número dos del Gobierno de Manuel Chaves, ya como consejero de Presidencia, antes de Industria, y en la última legislatura, de vicepresidente. El PP siempre ha apuntado a los vínculos entre Zarrías y Lanzas, lo que le habría dado a éste un pasaje para moverse mejor por los despachos de la Junta. Zarrías aseguró en la comisión de investigación que conocía a Lanzas del conflicto de Cárnicas Molina. Una persona que ha tratado con ambos desde dentro de la Junta explicó a este medio: "¿A quién no conoce Gaspar en Jaén? Pero de ahí a decir que era un hombre de Gaspar es mucho".

Cárnicas Molina dibuja mucho de Lanzas y del caso de los ERE. Para evitar la quiebra de esta empresa jiennense, la Junta se hizo con su titularidad. Bruselas nunca aceptó este hecho ni que la compañía se financiase con ayudas públicas, así que se hubo de acudir a un sistema que ayudase a los futuros ex trabajadores. Ante los problemas que puso el entonces interventor de la Junta, Manuel Gómez, se articuló un sistema por el que la Consejería de Empleo, por medio de la Dirección General de Francisco Javier Guerrero, transfería la ayuda al Instituto de Fomento de Andalucía, y éste, que no pasaba por una fiscalización permanente, pagaba a los trabajadores. Un sistema eficaz, rápido, pero, a la vista de lo sucedido, tan opaco que ha dado lugar al escándalo de los ERE.

Gaspar Zarrías quería una solución para Cárnicas. El que llegase a ser vicepresidente andaluz nunca perdió de vista lo que sucedía en su provincia, Jaén. Pero, al tomarla la Junta, se colocó al frente a César Braña, que había sido gobernador civil de Cádiz, pero también responsable de la Federación de Alimentación de UGT en España. Como Lanzas, que lo era de Andalucía. Braña, ya fallecido, y Lanzas eran, por tanto, conocidos. Otra persona más, Carlos Leal Bonmati, propietario de Estudios Jurídicos Villasís, también intervino en aquellas negociaciones. Este directivo, imputado por Alaya y al que aún no ha tomado declaración, es sobrino de Manuel Bonmati Portillo, un histórico de la UGT, su responsable de relaciones internacionales y conocido como una de las personas con más vínculos del PSOE dentro del sindicato. Según varias fuentes, Carlos Leal, que ha ocupado varios cargos en la CEOE, ha sido un hombre con buenos contactos en los gobiernos de la Junta de Andalucía.

Lanzas, Guerrero y Braña formaron un trío desde su encuentro en Cárnicas Molina, hasta el punto que el ex gobernador de Cádiz aparece como intruso en una empresa en la que nunca trabajó, Hitemasa, al igual que algunos familiares del ex director general de Empleo.

En 2002, Lanzas se desvinculó de UGT y, entonces, fue cuando "se puso en la calle". Trabajó para Villasís, para Carlos Leal Bonmati, y siguió muy vinculado a Vitalia, una de las dos mediadoras de los ERE, la que estuvo dirigida por Antonio José Albarracín, también encarcelado provisionalmente por Alaya. Todo su know how puesto a su propio servicio para conseguir ayudas de los ERE, y en el que Albarracín tendría un papel clave aún sin averiguar del todo.

En 2003 y en 2007 intervino en los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla, el mercado central de la capital hispalense, donde se encontró el primer intruso: Antonio Garrido Santoyo, ex secretario de Política Municipal del PSOE de Baeza y ex presidente del club de fútbol del equipo de su pueblo. ¿Un tipo de Jaén, que nunca trabajó en Mercasevilla, como beneficiario de las ayudas? Pues sí. Lanzas lo conoció cuando intervino en otro expediente, el de Coosur, donde Santoyo sí había trabajado, pero los supuestos clientes, al parecer, se movían así, de una empresa a otra. Alguien, bien en las mediadoras o en la Consejería de Empleo, tenía mano para llevar a trabajadores auténticos de una póliza a otra, aunque no le correspondiese o, incluso, a suplantarlos. Como el propio Lanzas y su esposa, que aparecen como beneficiarios de otro expediente, el de Hitemasa, en Málaga, donde ambos nunca trabajaron.

Sin embargo, y a pesar de la sagacidad que se le presupone, a los consultados les ha extrañado que Lanzas llegase a esconder 82.000 euros en una máquina de escribir oculta bajo la cama de una casa en Albanchez. Quizás nunca pensó que la Guardia Civil entrase en ese domicilio, que es de sus padres, y que un perro oliese el rastro del dinero. Era un seguro que habría de usarse por si él, como ha sucedido, entraba en prisión.

Un craso error que hace pensar a muchos que si Lanzas ha atesorado la gran suma que calcula la juez en su auto, otro olfateador conseguirá detectar el rastro, el rastro del dinero.