Julián Muñoz declara que no quiere pasarse el resto de su vida en la cárcel

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Julián Muñoz no varió ayer su línea de defensa expuesta en cada uno de los juicios celebrados contra él y otros ex ediles del GIL por un delito contra la ordenación de territorio, herencia de su etapa como alcalde de Marbella. Proclamó de nuevo su inocencia e insistió, como ha dicho otras veces, en que él y el resto de miembros de la comisión de gobierno votaban a favor de las licencias si tenían informes favorables y así lo decía el secretario. Pero ayer hizo una revelación. El ex alcalde, encarcelado desde hace 17 meses y con decenas de causas pendientes, dijo en la sala que no quiere pasarse el resto de su vida en prisión.

Muñoz se enfrenta en esta ocasión, junto a otros cuatro ex concejales, a una petición fiscal de un año y medio de cárcel por una licencia concedida en julio de 1997 al periodista Antonio Herrero, fallecido hace unos años. Es el caso Incopromar y también se sientan en el banquillo Juan Antonio Roca y José Luis Sierra, ellos imputados por las acusaciones populares.

Pedro Román fue trasladado desde la cárcel para el juicio. De hecho, estuvo unos minutos sentado en el banquillo, pero finalmente no fue enjuiciado porque la titular del Juzgado de lo Penal número 8 atendió la cuestión previa planteada por su abogado. Román no está acusado por la concesión de esta licencia de obras, sino por un convenio anterior.

La declaración de Muñoz, que ayer presentaba un aspecto más debilitado aún que otros días, se produjo después de que su abogada le preguntara por qué hace unos días se conformó con la petición de multa que hizo la Fiscalía por otro caso urbanístico. Él le replicó: "Acepté la multa porque no quiero pasar el resto de mi vida en la cárcel". Recordó que lleva 17 meses en prisión, enfermo y con unos desplazamientos de muchos kilómetros cada pocos días. "Acepto si hace falta que hice hasta lo de las Torres Gemelas", aseveró. El ex alcalde aludió a sus 83 procedimientos pendientes, que se pueden traducir en otros tantos años de cárcel "si no tomo la decisión que tengo que tomar".

Un Juan Antonio Roca muy seguro, sin huellas aparentes de los 20 meses que lleva en prisión por el caso Malaya y con un punto de insolencia que también tienen otros ex ediles del GIL, derivó ayer la responsabilidad de los expedientes urbanísticos al jefe del servicio jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, que es, curiosamente, la persona que con su testimonio se convirtió en origen del sumario contra la corrupción que ha llevado a Roca a la cárcel. Declaró que la relación de licencias que luego eran aprobadas por la comisión de gobierno era enviada por González, quien, a su juicio, era el que tenía que "tutelar" los expedientes para ver si incluían todos los informes. Roca calificó como un "invento" lo dicho por González de que fue "defenestrado" en 1998 y declaró ayer que nunca fue destituido de su cargo. "El servicio jurídico ha seguido funcionando siempre", aseveró. Roca, acusado como inductor de un delito urbanístico en el caso Incopromar, se desvinculó de las licencias de obras y apuntó que, prácticamente, las concedía por decreto el fallecido Jesús Gil. "Los concejales sólo asentían cuando venían informadas del servicio jurídico", dijo.

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