Seis meses para Julián Muñoz por el edificio Antonio Herrero

  • Otros cinco ex concejales del GIL cumplirán la misma pena de prisión más siete años de inhabilitación

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Julián Muñoz y otros cinco ex ediles del GIL han sido condenados a seis meses de prisión y siete años de inhabilitación por autorizar en julio de 1997 la construcción del edificio Antonio Herrero, que se alza en pleno centro de Marbella. La titular del juzgado de lo Penal número 8 de Málaga los considera autores de un delito urbanístico por dar una licencia para construir un inmueble de 10 plantas, comercios y aparcamientos en un suelo donde estaba previsto un vial y una zona verde. Es el caso Incopromar y se juzgó a finales de noviembre pasado. También se ha decretado la nulidad de la licencia.

Además de Muñoz, los penados son los ex ediles Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez, José Pomares y Marisa Alcalá. El fallo recoge el archivo de las actuaciones contra el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, algo que sucedió antes de que se iniciara el juicio, y la absolución de Juan Antonio Roca porque las acusaciones populares retiraron los cargos contra él tras la vista oral.

José Luis Sierra, ex asesor jurídico de Jesús Gil y acusado por las acciones populares como cooperador necesario, ha sido absuelto. La juez considera en la sentencia que el informe elaborado por el abogado para dar cobertura legal a las licencias de obras mientras se tramitaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) promovido por Gil, que nunca fue aprobado, "es general" y "muy anterior a la licencia" afectada, por lo que "no podemos mantener que el acusado haya cooperado a la ejecución del acto delictivo".

El ex alcalde de Marbella está ahora mismo en prisión por sendas condenas de un año de prisión por delito urbanístico, los casos Proinsa y Moansa. Además, la ejecución de la sentencia del caso Banana Beach, también de seis meses de cárcel, está pendiente de una solicitud de indulto. Es decir, el último fallo es la cuarta condena de prisión para Julián Muñoz, aunque no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Málaga.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 8 se produce en mitad de las negociaciones iniciadas por la Fiscalía a petición de los abogados de los ex ediles imputados para intentar evitar la celebración de decenas de juicios, un posible pacto que aún debe concretarse.

La juez, en su sentencia, repasa la delicada situación de los planes urbanísticos en Marbella. El de 1968 no se aplicaba desde que fue aprobado el de 1986, que no fue publicado, no obstante, hasta noviembre de 2000. El PGOU de 1998, el de Gil, estaba en trámite en el momento en que se dio la licencia a la promotora Incopromar y nunca fue aprobado.

La magistrada sostiene que el permiso se concedió "al margen de cualquier planeamiento legalmente aplicable" y elaborado con un criterio "arbitrario". En opinión de la juez, los ediles sabían que el plan no estaba aprobado y estos tenían la "obligación" de cerciorarse "de que aquellas decisiones que tomen se ajusten a la legalidad.

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