Las consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Aguayo, ha firmado este viernes con UGT y CCOO el acuerdo sobre el decreto de reordenación del sector público entre las quejas de decenas de funcionarios que protestaron porque consideran que ambos sindicatos no les representan.

Tras la firma del acuerdo, la consejera tuvo que esperar unos minutos para salir de la sala ante la que se concentraron decenas de funcionarios hasta que cinco agentes de la policía autonómica más otros de la seguridad privada le abrieron un pasillo de seguridad para ir a su despacho.

Los funcionarios que protestaban ante la sala situada en la planta séptima del edificio Torretriana mantuvieron su protesta hasta que los representantes de UGT y CCOO salieron por una puerta trasera y bajaron por las escaleras porque los ascensores estaban bloqueados.

Antes de salir de la sala, la consejera ha explicado a los periodistas que firmaba el acuerdo con UGT y CCOO porque entre los dos sindicatos suman el 75% de los trabajadores de la administración general de la Junta, lo que han reiterado los firmantes.

Aguayo, que se negó a salir por una puerta trasera, ha subrayado que el texto suscrito aclara "dudas interpretativas", deja claro que sólo serán funcionarios quienes superen un concurso oposición y que la adscripción de los funcionarios a agencias públicas será voluntaria.

Francisco Carbonero, secretario general de CCOO-A, ha enfatizado que el acuerdo se firma porque la Junta ha cambiado sus planteamientos gracias a las movilizaciones sindicales realizadas "con cabeza, sensatez y propuestas", y ha asegurado que no se suscribe para "enchufar" a trabajadores en la administración.

El representante de UGT, Dionisio Valverde, ha calificado como "falacia" que otros sindicatos consideren que son mayoritarios entre el personal de la administración pública, y ha agregado que "no hay motivos para lo que está pasando", en referencia a los gritos y golpes en las paredes que en esos momentos propinaban los funcionarios que estaban fuera.

Durante la protesta se han coreado consignas como "dimisión" en referencia a la consejera, "sinvergüenzas" o "dictadura" y también han entonado el himno de Andalucía.

El acuerdo afecta a unos 25.000 trabajadores, de los que 22.000 están en el sector público empresarial y el resto son funcionarios y laborales, ha indicado la consejera antes de asegurar que "todos los cauces están abiertos" con el resto de sindicatos.

El acuerdo, que se llevará a la Mesa General de la Función Pública, "no quita los derechos a nadie" y tiene como objetivo lograr la "unidad de mando" y "mejorar el gobierno" del sector público, según la consejera.

Varios representantes sindicales afirmaron que los funcionarios que protestaban eran de USTEA y del Sindicato de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA), no del CSIF, que reclama la mayoría en la representación entre los funcionarios andaluces.

Los dirigentes de UGT y CCOO insistieron en asegurar que ellos reúnen la mayoría de representantes en la administración general de la Junta porque suman sectores como la sanidad o la educación, con el 75%, un porcentaje que aseguran que será superior al 85% cuando se les sumen los trabajadores del sector público.

También afirmaron que los sindicatos que protestan contra el acuerdo tienen un interés "corporativo" frente al de "clase" que representan UGT y CCOO, y añadieron que las movilizaciones de hoy están "instrumentalizadas" por un partido político que no precisaron.

La firma del acuerdo se produce dos días después de que el PP presentara en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad al decreto de reordenación del sector público andaluz porque quieren amparar la igualdad de oportunidades y luchar contra el enchufismo y los nombramientos a dedo por vinculación política.