Junta y FAMP negocian distintos niveles de "flexibilidad" urbanística

  • Analizan si los municipios pequeños que han aumentado notablemente su población en pocos años podrán beneficiarse de iguales parámetros · Han desatendido el "equilibrio" de equipamientos

El Pacto por la Vivienda que Junta, empresarios, ayuntamientos y sindicatos quieren alcanzar antes de Navidad está removiendo los cimientos de las normas urbanísticas ya aprobadas en Andalucía. El presidente andaluz, Manuel Chaves, aceptó hace unas semanas estudiar la petición de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para "flexibilizar" los límites de crecimiento a los municipios de menos de 10.000 habitantes. La razón dada por los ayuntamientos: evitar su "encorsetamiento".

La Ley de Ordenación Urbanística, de 2002, introdujo parámetros para normalizar el desarrollo urbanístico, que se concretaron después en el Plan de Ordenación Urbana de Andalucía (POTA): los municipios no pueden crecer por encima del 30 por ciento de su población y del 40 por ciento de su suelo urbanizable.

El objetivo de la Junta al aprobar el POTA consistió en evitar la proliferación de núcleos urbanos sin las adecuadas dotaciones públicas, fenómeno que se había dado sobre todo en las áreas metropolitanas.

A pesar de que pudiera parecer que los municipios pequeños no han tenido tanta presión, algunos del cinturón de grandes ciudades costeras sí han incrementado su población en más de un 30 por ciento sin "equilibrar" los equipamientos. Esto ha despertado la "inquietud" en la Consejería de Obras Públicas y Transportes al examinar la situación de los ayuntamientos con poblaciones inferiores a 10.000 habitantes, según explicó a esta redacción el presidente de la FAMP, Francisco Toscano.

Junta y FAMP estudian si aplicar distintos niveles de "permisividad" en función de cuál ha sido el incremento poblacional de estos municipios. El problema radica en que mientras han aumentado su capacidad residencial, han desatendido el "equilibrio" en equipamientos públicos, como zonas deportivas, culturales, sanitarias o lúdicas.

"En realidad son menos de 30 municipios; de las 600 localidades con menos de 10.000 habitantes, la mayoría ha crecido por debajo de ese amenazante 30 por ciento y son pocos los que ahora tienen 8.000 vecinos cuando hace diez años tenían 4.000", apunta como ejemplo el presidente de la FAMP.

Para estos municipios pequeños que han tenido un "brutal" incremento de población, Junta y ayuntamientos definen cómo aplicar la "flexibilización" desde posturas "algo distintas". Ambos comparten que quienes han tenido tal crecimiento no pueden beneficiarse ahora de un margen de maniobra mayor para seguir creciendo, pero en el modo de desarrollarlo surgen las divergencias.

La FAMP prefiere normas genéricas y no puntuales para cada caso. Su teoría consiste en que no haya diferencias y esos municipios tengan los mismos límites de crecimiento, que no sean superiores por razón de haber crecido más en la última década. Para ello, introduce la "salvaguarda" de que antes de planear nuevos crecimientos, tienen que haber garantizado los equipamientos públicos.

"Si quieren crecer más, se deben esforzar y equilibrar los servicios que ofrecen a los ciudadanos", ejemplifica el presidente de la FAMP. Este planteamiento se recoge en la resolución por el Pacto de la Vivienda aprobada por la FAMP en su Asamblea del pasado fin de semana.

Según explicaron fuentes de la Junta y la FAMP, la decisión que se tome no se incorporará al texto del pacto, donde figurará sólo la necesidad de "flexibilizar".

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