Junta y Gobierno pactan para evitar que la Ley de Memoria Histórica vaya al TC

  • La norma reconoce ahora que el Ejecutivo tiene la competencia exclusiva en archivos documentales

El Gobierno y la Junta han alcanzado un acuerdo sobre la interpretación de dos apartados de la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática relativos a la recuperación de patrimonio documental "incautado" durante la Guerra Civil y la dictadura que permite evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) al dar por "solventadas" las "discrepancias" expresadas por el Ejecutivo central.

El acuerdo se logró en un grupo de trabajo creado en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y fue suscrito el pasado 29 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. El documento da por "solventadas" las "discrepancias competenciales manifestadas" por el Gobierno de la Nación en relación con los apartados 2 y 3 de la disposición adicional tercera de la norma.

El primer apartado que cuestionaba el Gobierno establece que la Junta emprenderá "en el plazo máximo de un año" desde la entrada en vigor de la ley "actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía, a excepción de los archivos judiciales, que se regirán por su normativa específica".

Junto a ello, el Ejecutivo central también planteaba objeciones a otro apartado que determina que la Junta "impulsará las medidas necesarias, en colaboración con las administraciones públicas, para la recuperación del patrimonio documental en materia de memoria democrática incautado por las fuerzas golpistas en Andalucía durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y su incorporación al Archivo General de Andalucía".

Según el acuerdo, ambas partes entienden que la regulación establecida en la Ley relativa al inicio de actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática se transfiera al Archivo General de Andalucía "ha de interpretarse de acuerdo con la competencia exclusiva del Estado respecto de archivos de titularidad estatal".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios