La Junta se mantiene firme en su idea de reclamar al Ayuntamiento de Málaga la pérdida de ingresos que se derivaría de la imposibilidad de prolongar en superficie del trazado del Metro hasta el entorno del Hospital Civil. Un perjuicio que se cifra en entre 3 y 4 millones de euros. Según destacaron desde la Administración regional, esta suma es la que se destinaría a compensar a la concesionaria encargada de la explotación del ferrocarril urbano por no poder sumar los cerca de 3 millones de usuarios anuales que se estiman del recorrido a ras de calle hacia la zona norte.

Una cuantía que, llegado el momento, habrá de ser agregada a la factura que, según el convenio del Metro de 2003, tienen que sufragar las arcas municipales como parte de los costes de explotación del ferrocarril urbano. Tomando como referencia los cerca de 70 millones en los que se estima la explotación para 2018, el Consistorio debiera hacer frente a unos 17 millones, correspondientes al 25%. La posición expresada ayer desde la Consejería de Fomento coincide al pie de la letra con la advertencia lanzada hace ahora casi un año y medio por el titular del departamento, Felipe López, quien apuntó en la misma dirección. A diferencia de la advertencia hecha en junio de 2016, la ratificación de esta línea de acción se produce en un momento procedimental clave, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de tumbar las razones esgrimidas por el Consistorio para solicitar la anulación del proyecto básico del tramo al Civil.

A esto se suma la decisión del Gobierno andaluz de ir adelante con el trámite que forzará la adecuación del planeamiento urbanístico para dibujar el itinerario tranviario. Ambos hitos, tras la declaración de interés metropolitano del ramal, deja con escaso margen de maniobra al Ayuntamiento.