La decisión de la Junta de Andalucía de blindar las competencias de los ayuntamientos ante la entrada en vigor de la ley de reforma local aprobada por el Gobierno central ha originado un nuevo conflicto con el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Tras la aprobación del Consejo de Gobierno el martes del decreto ley por el que regula las 28 competencias propias de los municipios andaluces hasta que resuelva el Tribunal Constitucional, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció la convocatoria de una comisión con la Junta para abordar este conflicto.

Ayer el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, mantuvo la crítica contra el Gobierno y acusó a Montoro, con el que tendrá que verse en una próxima cita, de "haber creado tanto desorden al poner una ley encima de la mesa que es insostenible e inaceptable". Valderas defendió que la Junta de Andalucía ha hecho "lo que tenía que hacer" para "defender el Estatuto de Autonomía y las competencias municipales de la agresión que el PP y Montoro hacen" con la ley de reforma de la Administración local.

"Montoro ha creado un cierto caos, inseguridad e incertidumbre", criticó el vicepresidente de la Junta y recordó que la ley de reforma de la administración local tiene diez recursos de inconstitucionalidad, "todas las fuerzas políticas del Congreso han recurrido esa ley, la han recurrido cuatro comunidades autónomas y más de 2.500 ayuntamientos de todo el país". El vicepresidente insistió en que "es una ley de retroceso, de marcha atrás y vuelta del municipalismo a un periodo preconstitucional". Así, ha sostenido que la decisión adoptada por el Gobierno regional es algo que "creo que los ciudadanos de Andalucía y España entenderán claramente".

En la misma línea el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, criticó ayer que "haya hecho falta" que la Junta apruebe un decreto ley para que Montoro convoque la comisión mixta entre Gobierno y Junta, una petición que Valderas lleva demandando desde hace dos años.

Del mutismo salió ayer la presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y provincias (FAMP) y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), quien no consideró necesario este decreto. "No hay conflicto de competencias ni enfrentamiento entre lo que marca el Estatuto de Autonomía y lo que se marca dentro de la ley de autonomía local", al tiempo que aseguró que "la primera que incumple" el Estatuto "es la propia Junta de Andalucía" por las deudas contraídas con los ayuntamientos. El PP no aportó ni una enmienda durante la revisión de este decreto en la FAMP.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, valoró como un "auténtico esperpento el espectáculo que está dando" Montoro, después de que esa comisión lleve 15 meses sin reunirse y tras decretar a golpe de rodillo la reforma local".