La Junta pide al Supremo que resuelva cómo puede exigir el dinero a Boliden

  • La Administración andaluza plantea que el tribunal dictamine la vía oportuna para presentar la demanda y poner fin a un "peregrinaje judicial" de 13 años. Rechaza un error o una mala gestión de sus servicios jurídicos.

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La Junta de Andalucía anunció ayer que ha acudido al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo para que resuelva qué camino tomar en su intención de pedir responsabilidades patrimoniales a la empresa Boliden por el vertido de las minas de Aznalcóllar en 1998. La Junta planteó un conflicto de jurisdicción el día 2 una vez conoció la sentencia del Tribunal Supremo que confirma íntegramente otra de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta que declaró que las empresas del grupo minero estaban "obligadas solidariamente" a reembolsar los costes asumidos por la Junta como consecuencia de la rotura de la balsa minera. En total, 89,9 millones de euros.

Así lo desveló ayer la consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno, en la rueda de prensa a la finalización del Consejo de Gobierno y preguntada por las acciones que iba a emprender la Junta tras la decisión de Supremo, adelantada el martes por esta redacción.

Moreno censuró que la Junta se haya visto envuelta en un "peregrinaje judicial", ya que puso en marcha la vía civil -que se le denegó al ser una Administración- y ahora también se le niega la vía Contencioso- Administrativa, dejando esta reclamación en un punto de retorno a hace 13 años, y sin orientación.

"Se está produciendo un vacío, que no estamos dispuestos a admitir; se está produciendo de facto una situación de denegación de acceso a la justicia que vulnera el derecho a la tutela efectiva por parte de los tribunales", aseveró la portavoz del Ejecutivo andaluz.

La Junta acudió inicialmente a la jurisdicción Civil, donde presentó una demanda contra Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV, pero sendos juzgados de Primera Instancia y la Audiencia de Sevilla se declararon incompetentes para conocer esta reclamación.

Este pronunciamiento de la jurisdicción Civil, precisa la sentencia del Tribunal Supremo, "no es razón" para que la jurisdicción Contencioso-Administrativa admita que el Consejo de Gobierno "ostenta potestad para declarar" que estas entidades están obligadas solidariamente a reembolsar a la Junta los gastos y costes "por ella asumidos subsidiariamente con motivo del vertido" de minas de Aznalcóllar. El propio Supremo recuerda a la Administración autonómica que el propio TSJA le "señaló el camino" que debía seguir, que no es otro que el del recurso por "defecto de jurisdicción", plantear un conflicto de competencia ante el Supremo.

Y esto es lo que va a hacer la Junta, ahora. Moreno señaló que hay una "reiteradísima" jurisprudencia de la sala especial de conflictos del Tribunal Supremo que exige que haya sentencias firmes antes de entrar a valorar los asuntos, de manera que la Junta no pudo recurrir antes. La consejera rechazó de plano que la situación creada responda a un error o ineficacia de los servicios jurídicos de la Junta, en respuesta a las declaraciones unos minutos antes de la portavoz del PP-A, Rosario Soto.

La portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, criticó "la falta de gestión" por parte del Gobierno andaluz para que la empresa sueca Boliden se haga cargo de los costes derivados de la limpieza del vertido tóxico de las minas.

Soto indicó que su formación entiende que el Gobierno andaluz tenía que haber hecho "las cosas bien jurídicamente" y seguir una hoja de ruta que también pasase por negociar con la propia empresa. Tras apuntar que hubo en su día una sentencia del TSJA que "marcó dos vías", Soto dijo que el PP quiere saber por qué se optó por una vía y no por la otra, cuestión que se elevará a pregunta en la próxima sesión plenaria a celebrar en el Parlamento andaluz.

Ésta será la segunda vez -que transciende- que la Junta acude este año al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales. Anteriormente, acudió contra la petición de la juez que investiga el caso de los ERE de tener acceso a las actas de los consejos de Gobierno de los últimos diez años, cuestión que el Supremo dictaminó a favor de la juez.

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