La Junta de Andalucía figurará como perjudicada en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva por las irregularidades en los cursos de formación. Así lo ha decidido la Sección Primera de la Audiencia Provincial (en un auto al que ha accedido Huelva Información), que ha estimado el recurso de apelación de los servicios jurídicos de la Administración Autonómica contra un auto del instructor en el que se le daba consideración de responsable civil subsidiaria.

El magistrado Javier Romero, encargado del procedimiento, argumentaba en su último auto que los fondos propios de la Junta de Andalucía no deben entenderse como bien particular de la misma, sino que estos se han recibido por las aportaciones vía impuestos de los ciudadanos, siendo la Junta la responsable de gestionarlos. "Cuando se dilapida el dinero público con fines distintos o sin respetar los procedimientos establecidos, los perjudicados son los ciudadanos que con sus impuestos han contribuido a la obtención de dichos fondos", interesaba en el auto de mayo recurrido.

Es decir, que para el instructor los perjudicados son las personas destinatarias directas de los cursos formativos fraudulentos, que han visto cómo no se cumplían sus expectativas de adquirir la formación necesaria para acceder al mercado laboral y, en última instancia, todos los ciudadanos, afectados por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos y la falta de gestión eficaz y supervisión de los fondos destinados a la formación para el empleo. Así, sugería que la responsabilidad civil de la Junta de Andalucía debería consistir en una obligación de reserva de fondos en importe correspondiente al acreditado como quebranto producido una vez se llegue a juicio, de modo que ese dinero se reinvierta en una nueva actividad de formación.

La letrada de la Junta de Andalucía alegaba en el recurso que ha aceptado el tribunal provincial y que ha podido analizar este rotativo, la "absoluta indefensión" a la que se veía sometida su representada al haber actuado en las comparecencias dedicadas a  las declaraciones de los investigados y de más de mil testigos "con la mera consideración de interviniente". Fue cuando finalizaron las mismas, el pasado marzo, "cuando se determina que ha de declarársele responsable civil subsidiaria, sin que pueda imputársele tal retraso a ninguna novedad". 

Esto, afirma en la apelación, "ha obligado a la Consejería a defenderse en la más plena oscuridad y a realizar un arduo trabajo de defensa para, en fase de revisión, incorporar como inesperada novedad que entiende que los perjudicados son especialmente las personas desempleadas, que eran los destinatarios directos de los cursos de formación".

A lo largo de 19 páginas, la abogada subraya que el origen de los fondos no es europeo, sino que eran propios de la Administración andaluza, al tiempo que critica al instructor porque "confunde la excepción con la regla e imputa a un sistema que da respuesta al interés público lo disruptivo de diez expedientes que presentan presuntas irregularidades, cuyo alcance y contenido están aún por determinar". Añade que es "destacable" cómo -de una muestra de empresas y de sólo un ejercicio- el titular del Instrucción 5 extrae que "el funcionamiento de la Administración se caracteriza por el despilfarro, desdeñando la actuación de cientos de funcionarios de la Junta de Andalucía por la presunta actuación de siete investigados".

Argumentaba en paralelo la jurista que, al estimar el juez que la Junta debía ser responsable civil, "se duplica el perjuicio a la ciudadanía andaluza, cuyos intereses y valores ya habían sido perjudicados por el delito, y pagan con sus impuestos la responsabilidad imputada o, en último extremo, vuelven a padecer que los fondos que podían destinarse a los servicios públicos cambien de destino". En este sentido, llegaba a sugerir en la apelación, incluso, que se debería haber contemplado la "posición ambivalente" de la Junta, de modo que pudiera ser perjudicada y responsable civil al mismo tiempo.

La terna de magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Huelva, tras analizar el recurso, lo tiene claro: "En el estadio procedimental en que se encuentra la causa, procede admitir la personación de la Junta de Andalucía como perjudicada, a fin de que pueda ejercitar las acciones para recobrar los fondos que hayan sido defraudados por los beneficiarios de las subvenciones".

Para más inri, agrega que es la Administración autonómica "quien deberá ser resarcida de los daños sufridos como titular de los fondos empleados en los cursos de formación, dada la inexistencia -en principio-  de daño económico más allá de que pueda derivar de la actuación delictiva de los investigados en la causa respecto de la Hacienda Pública andaluza".

Para la Audiencia, no puede admitirse bajo ningún concepto que sean los ciudadanos onubenses los perjudicados en la causa. Esto supondría, afirman, "conceder una acción directa a cada ciudadano, lo que permitiría intervenir a tantos como entendieran que son perjudicados", sentenciando que tampoco se puede tener como víctimas a los destinatarios de las acciones formativas, "al no haber sufrido ningún perjuicio patrimonial".

El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Ceada, destacó ayer el respeto de la Junta de Andalucía a cualquier decisión judicial. Ahora, con la designación de la Administración como perjudicada, confía en que ésta pueda seguir trabajando para recuperar cualquier ayuda que no se haya empleado correctamente.

Investigados y testigos declaran a partir de este martes

Nueva ronda de declaraciones en el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva. Por el Palacio de Justicia desfilarán entre hoy y el 29 de junio testigos e investigados de la Junta de Andalucía (los empresarios ya lo hicieron anteriormente). El magistrado Javier Romero oirá entre hoy y el jueves las testificales de varios trabajadores de la Delegación Territorial de Empleo, incluidas la del secretario provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de dos personas de los departamentos de Gestión Económica y de Seguimiento. El plato fuerte de la toma de declaraciones llegará a partir del viernes, jornada en la que testificarán tres de los investigados en la causa: dos técnicos de la Comisión de Valoración y otra del departamento de Gestión Económica. La ronda se retomará el martes que viene con un responsable del departamento de Análisis y Programación y el secretario general de Empleo, José Martínez Iglesias. La cerrarán el miércoles 29 el jefe del Servicio de Formación para el Empleo, José Ángel Gil Flores, y el director provincial de SAE y exdelegado de Empleo, Eduardo Muñoz.