La Junta critica que los desmanes de Marbella acaben con penas mínimas

  • Un acuerdo de la Junta de Magistrados de la Audiencia de Málaga avala la negociación de la Fiscalía con los ex ediles del GIL, lo que limita a un tope de seis años el tiempo de cumplimiento de penas

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El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, reconoció ayer sentir cierta "preocupación" e "inquietud" por el hecho de que delitos presuntamente graves, como las decenas de causas urbanísticas de la era GIL en Marbella, puedan concluir "con pactos" y con penas mínimas. "Socialmente no se va a entender y puede dar la sensación de que se actúa con cierta impunidad", argumentó.

Es la primera impresión de Marcos tras conocer que la Fiscalía, con la intención de agilizar los procedimientos dado el límite legal de cumplimiento de condena que existe por los delitos conexos, negocia con los abogados de los ex ediles del GIL -entre los que está Julián Muñoz- un trato para que los casos no se eternicen en los juzgados de Málaga. El caso Malaya, así como todos aquellos vinculados a blanqueo de capitales, quedan fuera de este posible acuerdo.

La clave está en considerar que se trata de delitos conexos: es el mismo Ayuntamiento, son los mismos ex ediles y se trata del mismo delito, contra la ordenación del territorio. Fuentes judiciales informaron ayer de que la Junta de Magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga adoptó a principios de 2007 un acuerdo para considerar conexos los delito urbanísticos de Marbella, aunque no continuados, lo que descarta un macroproceso para juzgar de una vez las decenas de causas. El acuerdo de los magistrados se adoptó para "unificar criterios" y que no hubiera resoluciones contradictorias en las distintas salas penales de la Audiencia Provincial.

Los delitos contra la ordenación del territorio en Marbella, más de medio centenar investigados en distintos juzgados, se consideran delitos conexos, es decir, que por Ley tienen un tope de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena mayor que fija el Código Penal. El artículo 320 es el que contiene este tipo de delito y establece un máximo de dos años de cárcel, por lo que el límite de cumplimiento sería de seis años de prisión.

Esto quiere decir que, por muchos juicios que se celebraran, llegaría un momento en que no servirían de nada porque no se puede rebasar esos seis años, motivo que ha animado al Ministerio Público a alcanzar un acuerdo, a instancias de los letrados, por "economía procesal". Eso sí, las partes deben concretar qué pena imponen a los acusados, que puede ser de seis años o incluso inferior. Fuentes jurídicas sostienen que el trato podría sellarse en tres años. Los ex concejales asumirían la culpabilidad del delito, reconocerían los hechos delictivos y por cada causa sumarían una condena de cárcel, aunque en la práctica cumplirían la pena acordada.

El delegado del Gobierno reiteró que el resultado final por la concesión de licencias ilegales en Marbella puede invitar a pensar "que se puede actuar con cierta impunidad", que "se abre la veda para que se puedan cometer delitos de esa magnitud.

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