La Junta no quiere dar ningún paso en falso en las negociaciones que mantiene abiertas con el Gobierno sobre la fórmula con la que finalmente se liquidarán 600 de los 1.000 millones de anticipo que se han solicitado. Está satisfecha con la primera entrega de 400 millones del pasado lunes, pero no comparte que el Ministerio de Hacienda quiera ahora que el resto sean a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que supondría a Andalucía tener que pagar intereses. Pero pese a la prudencia, y sin querer entorpecer unas conversaciones marcadas por una necesidad acuciante de tesorería, tampoco quiere quedarse de brazos cruzados. Por eso, ayer, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, salió a la palestra para reconocer que ese dinero es un "derecho" que se debería materializar en las arcas autonómicas "sin pagar absolutamente ningún interés", porque, de lo contrario, "habría que decir que Andalucía está siendo discriminada y penalizada por el Gobierno de España", subrayó.

Desde el Ejecutivo autonómico, no sólo Valderas, sino también la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, quisieron confiar en el rumbo que tomen las negociaciones que capitanean el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la consejera andaluza del ramo, Carmen Martínez Aguayo, y que ahora se abordan sin la presión del calendario. La fecha marcada del 5 de octubre para que la Junta afrontara el pago de 600 millones de vencimiento de deuda ya está resuelta gracias a este anticipo de 400 millones y al remanente positivo que aún le queda en sus cuentas a la Junta. Por eso, si el dinero que falta llega vinculado o no al FLA no es algo que tenga que resolverse de aquí al viernes, sino que puede esperar incluso a la semana que viene. Así lo reconoció Díaz, que aseguró que el 5 de ocubre "no es vinculante" para la solicitud del FLA. "Es la fecha del vencimiento de nuestra deuda financiera, que es uno de los motivos por los que solicitamos el anticipo, pero sin vinculación con el FLA", indicó la consejera.

En relación a la petición del rescate, que está cifrado en 4.908 millones, la Junta tiene previsto tomar su decisión final "en breves días", según Díaz, que valoró la ampliación del uso de este mecanismo crediticio para el pago a proveedores, y que no sólo se quedará para hacer frente a las deuda financiera, como se pensó en un principio.

A pesar de los paños calientes que se quieren poner desde los dos socios en este Ejecutivo bipartito, en el PSOE fueron más contundentes. El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, confió en que el Gobierno cumpla "con sus obligaciones" con Andalucía y llegue todo el dinero del anticipo de 1.000 millones y "acaben los agravios y la desconsideración" hacia esta tierra. En el PSOE no acaban de entender que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya utilizado el mecanismo de los anticipos con otras comunidades -es dinero que procede de la Participación de los Impuestos del Estado (PIE)-, como Cataluña o Valencia, que han recibido 1.800 y 1.400 millones respectivamente, y que ahora se lo nieguen a Andalucía.

Jiménez quiso dejar claro que el anticipo no es para el Gobierno andaluz, sino para que miles de proveedores cobren las facturas pendientes y el dinero llegue a servicios públicos, y advirtió que ante esos sectores tendría que responder el Gobierno central "si no cumple con su palabra" con Andalucía.

El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, aconsejó al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, estar agradecido al Gobierno de Rajoy porque ha adelantado a Andalucía 5.228 millones. Una cantidad que, según Zoido, "es consecuencia del adelanto de la liquidación del sistema de financiación de 2010, aplazando el pago de la devolución de 640 millones como consecuencia de los presupuestos falsos de 2008 y 2009 de Zapatero". "Además -continuó- nos han dado un anticipo por 230 millones, 2.763 millones en el plan de pago a proveedores para 772.000 facturas que debía la Junta, casi 600 millones que se le ha facilitado a través de las líneas ICO y un anticipo de 400 millones librado ayer, a los que se sumarán otros 600 millones para que la Junta siga adelante".

IU y los empresarios abogan por un "gran pacto" económico y social

El coordinador regional de IU, Diego Valderas, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, abogaron ayer por un pacto económico y social en Andalucía que tenga como "desafío" la creación de empleo y la mejora del tejido productivo. Ambos se reunieron en el marco de la ronda de contactos con partidos y organizaciones sindicales emprendida en verano por Herrero, que busca alcanzar el acuerdo para crear una mesa de impulso y relanzamiento de la economía. Valderas dijo que han coincidido en la necesidad de buscar el camino para "un gran acuerdo" que se centre en mejorar la situación actual, algo que, recordó, ya incluían en su programa electoral y en su pacto de gobierno con el PSOE. Indicó que es necesaria la presencia de los agentes sociales, de las diferentes instituciones andaluzas, de la economía social y de la Junta. Para Valderas existe "una gran autopista que se puede y se debe recorrer", por lo que en la reunión se trataron elementos generales de la política económica, también de la fiscalidad, o aspectos sobre el modelo económico, añadió. 

Herrero aseguró que la mesa es "absolutamente imprescindible y necesaria" y que se trata de alcanzar un acuerdo de carácter global que posteriormente se desarrolle sectorialmente "con la incorporación de las instituciones que sean precisas". Dijo que ahora la mesa es "todavía más necesaria" que cuando se planteó en julio por las circunstancias políticas y económicas a nivel nacional y de las comunidades autónomas. Herrero indicó que el régimen de las autonomías es revisable "pero no muy reestructurable en este momento" y manifestó que los empresarios andaluces no van a compartir los planteamientos de financiación bilateral de algunas comunidades autónomas para que los demás deban repartirse "el resto de lo que quede". En este sentido, afirmó que el planteamiento fiscal no es cierto porque "pagan impuestos las personas, no los territorios" y ha incidido en que "no hay un problema fiscal, lo que hay es un problema de identidad". Apostó también por priorizar las infraestructuras que están cofinanciadas por entidades europeas y, al ser preguntado por la diferencia de opinión entre la CEA e IU sobre el modelo de financiación público-privado, admitió que en estas negociaciones "claro que hay matices, y muchos".