La Junta estudia retirar la tutela a los padres de un menor que no va al colegio

  • El niño será declarado en desamparo si sigue sin escolarizar después del 15 de enero

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La Junta de Andalucía ha advertido a unos padres que antes del 15 de enero deben enviar al colegio a su hijo de 11 años, ahora escolarizado en casa, pues en caso contrario será declarado en desamparo según la Ley de Derechos y Atención al Menor.

El abogado de los padres, José Antonio Salazar, explicó que sus clientes, residentes en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), son un albañil y una ama de casa que practican el sistema llamado home schooling (escolarización en casa) y participan activamente en la Asociación para la Libre Escolarización (ALE).

El Ayuntamiento de Sanlúcar, sin embargo, les abrió un expediente y les tomó declaración como imputados por un presunto delito de abandono de familia, y dio traslado del caso a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, que les ha dado un plazo "de consulta y reflexión" antes del 15 de enero, transcurrido el cual asumirá la tutela del niño, por considerarlo en desamparo.

Salazar manifestó su oposición a tal medida, en la que los padres están apoyados por el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, y por la Asociación pro Derechos Humanos (APDH) puesto que la Constitución "reconoce la libertad de enseñanza".

El letrado consideró "inadmisible" la ley que esgrime la Junta -una norma de 1998-, pues equipara una opción educativa de los padres "con la mendicidad y prostitución" como razones para asumir la tutela.

El menor recibe a un profesor en casa y no ha ido nunca a ningún colegio, aunque Salazar aseguró que es un niño "perfectamente integrado en su entorno, tiene amigos y su enseñanza está supervisada por un centro de California (EEUU)" especializado en esta opción educativa libre.

Los padres fueron denunciados el pasado 16 de octubre por un policía de su localidad, tras lo cual fueron llamados como imputados. El abogado especificó que el Equipo Técnico de la delegación de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social acordó dar de plazo hasta el 15 de enero para declarar el niño en desamparo, "sin entrevistarse con él ni comprobar su socialización e integración en el entorno".

Los padres han denunciado además las "vejaciones" de la asistente social del Ayuntamiento que les entrevistó, quien "les amenazó con llevarles a la cárcel" y "les coaccionó para firmar la escolarización en tres días o en caso contrario les quitarían de inmediato a su hijo".

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