La Junta de Andalucía ha revisado la normativa que regula la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía y en los próximos días publicará en el BOJA una nueva orden que modifica el texto actual. La orden "ajusta" el régimen de incompatibilidad entre determinados servicios asistenciales.

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, respondió ayer por carta a la Confederación andaluza de organizaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual (Feaps), que esperaba respuesta desde el 4 de enero al escrito que remitió a ésta y al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y del que informó este periódico el pasado domingo. En esta misiva, Feaps exigió la "urgente rectificación" de la orden de 3 de agosto por la que se establecen en la comunidad la intensidad de protección de los servicios, el régimen de incompatibilidades y la gestión de las prestaciones económicas.

La asociación, que representa a 65.000 familias con discapacitados intelectuales a su cargo, denunció que, a diferencia de otras comunidades autónomas, Andalucía no posibilita recibir dos servicios a la vez -por ejemplo, que un paciente que sale de un centro de día a las 17.00 no cuente después con una ayuda en su domicilio- o compaginar una de estas prestaciones asistenciales con una paga económica. Por ello, advirtieron de "retrocesos reales" con respecto a lo que recibían antes de la aprobación de la norma titulada como Ley de Promoción de la Autonomía Personal.

Navarro asegura a Feaps que ya le había comunicado que se estaba trabajando en la modificación de la orden y que, en diversas ocasiones, ha expuesto que esta ley "nace con la intención de ser revisada cuando así se vea conveniente". Añade que la propia ley recoge expresamente la previsión de posibles modificaciones.

Por lo tanto, "detectada ya la necesidad de hacer compatibles determinados servicios", la consejera anuncia un "cambio" en la orden que regula la ley y que posibilitará que se hagan compatibles, "entre otros, los servicios de ayuda a domicilio y los de centro de día cuando así se refleje su conveniencia en el correspondiente Programa Individual de Atención", cumpliendo la principal reivindicación de Feaps. El nuevo texto introducirá otras novedades, según amplió la directora general de Personas con Discapacidad, Aurelia Calzada, como hacer compatible que el cuidador pueda elegir ayuda en su casa y, en las vacaciones, se le facilite una plaza residencial.

En esta "revisión" de la normativa, la consejera dice tener presentes a las familias de personas con discapacidad intelectual, "a los apoyos que éstas, en algunos casos, precisan para sus hijos antes de entrar en un centro de día como después de salir del mismo, para hacer posible la permanencia de las personas en situación de dependencia en su entorno, en su hogar familiar y evitar su institucionalización".

La respuesta de Navarro no atiende, sin embargo, a la solicitud de Feaps de que "sea compatible la prestación en servicios de dependencia con las prestaciones económicas que garanticen la atención cuando no se prestan dichos servicios", por lo que, en principio, no se compaginarán. Habrá que esperar a una futura ley autonómica anunciada por el Gobierno andaluz, sin fecha concreta, en la que garantiza que ampliará los recursos.

La carta de Navarro responde a otra de las quejas de Feaps: la participación de las asociaciones en el seguimiento de la ley mediante la creación de un órgano consultivo, lo que evitaría aprobaciones de normas sin contar con las organizaciones representativas. Navarro asegura que su departamento "informa y traslada de forma permanente a las asociaciones, agentes económicos y sindicales, administración local, diputaciones provinciales y a los restantes integrantes del Consejo Andaluz de personas con Discapacidad de todos los aspectos que inciden en la mejora de la calidad de vida de estas personas con discapacidad y sus familias".

Otros motivos de queja no encuentran respuesta. Las organizaciones habían reclamado que no existan diferencias entre discapacitados y otros colectivos dependientes, como las personas de tercera edad, en aspectos como el tiempo de reserva de plaza o el ámbito de prestación del servicio, así como solicitaron que no se fuerce la admisión de otros perfiles de dependientes en centros exclusivamente creados para atender a discapacitados mentales. Sumaron que las listas de espera para acceder a un centro no deben alterarse por la aplicación del nuevo sistema y discriminar a quienes solicitaron plaza previamente.