La Junta y el Gobierno central están ya en plena recta final de las negociaciones que culminarán la semana próxima con la solicitud por la parte andaluza del rescate, cuantificado en 4.906 millones de euros. Dentro de esta partida del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), podrán estar o no incluidos esos 600 millones que ayer ya se ingresaron desde Madrid y que faltaban para completar los 1.000 demandados anticipo -400 se ingresaron el lunes-, pero eso al Ejecutivo andaluz ya no le importa. "Aunque son dos instrumentos financieros distintos, donde después se sumen las cantidades es irrelevante", aseguró ayer la consejera de Presidencia, Susana Díaz, tras reunirse con la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo.

El Gobierno andaluz ya ha vencido su reticencia inicial a que estos 1.000 millones no fueran al completo como anticipo de la liquidación del sistema de financiación, gracias a que el FLA supone un ingreso inmediato y que brinda además un plazo de diez años para su devolución. Eso no sucedería si ese dinero se liquida con cargo a los presupuestos de este año, porque tendría que devolverlo en apenas dos meses, o en un margen algo más amplio si la referencia son los presupuestos de 2013. Por tanto, la fórmula del FLA, pese a entrañar un pago de intereses, al final le conviene más a la Junta porque tiene mayor margen de maniobra en un momento en el que tiene las cuentas raquíticas y tiene un importante vencimiento de deuda de 1.500 millones a finales de diciembre. A esto se une que tampoco el Ministerio de Hacienda tiene de dónde tirar y le sale mejor invitar a Andalucía a acudir al rescate, entre otras cosas, porque el dinero no saldrá directamente de las arcas estatales -como sí sucedería con el anticipo-, sino de la banca.

Como bien resumió ayer el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, si las condiciones del préstamo son "buenas" es "preferible" el FLA por cuanto brinda más recursos para elaborar el presupuesto andaluz para 2013 y que se podrá restituir en cómodos plazos, mientras el anticipo supone contar ahora con unos millones que más adelante habrá que "detraer". "Siempre es mejor ampliar los recursos con unos intereses que sean asequibles que no reducirlos", dijo.

Con esta última inyección de esta semana de 600 millones, el Gobierno central demuestra el compromiso que adquirió de que no dejaría tirada a ninguna comunidad ante sus vencimientos de deuda. Hoy expira el plazo para que la Junta formalizara el pago de esta cantidad por este concepto y cuenta con recursos para hacerle frente -los otros 400 millones han ido a parar a facturas pendientes con proveedores- y como dijo la delegada del Gobierno queda demostrado que "el Gobierno nunca va a dejar sola a Andalucía".

A tenor de la buena sintonía que se ha instalado entre los dos ejecutivos, queda casi por completo devaluada la teoría del agravio y de la discriminación a Andalucía, basada en los anticipos de 1.800 y 1.400 millones que han recibido Cataluña y Valencia -también acudirán al rescate por 5.000 y 4.500 millones-, y que PSOE e IU han venido esgrimiendo -aunque el propio Griñán hace quince días también la utilizó en el Parlamento-. Al final, la necesidad de liquidez es tan acuciante que las comparaciones caen en saco roto, y también las críticas a quien va a facilitar un dinero que es preciso para afrontar un ejercicio económico harto complicado. La constatación de las buenas relaciones entre la Junta y el Gobierno está en que el peso de la negociación lo llevan el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la consejera andaluza del ramo, Carmen Martínez Aguayo, que han logrado enterrar sus diferencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio.

Esa afinidad, sin embargo, no impide que haya algún frente abierto. Es el caso de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que dejan la inversión para Andalucía en un 15,3%, frente al 17,8% que marca el Estatuto autonómico, en lo que sería el segundo incumplimiento en lo que va de año. En esto no hay entendimiento. Lo que para Díaz son unos presupuestos "malos" que suponen la pérdida de 670 millones y que puede acabar con un recurso contra el Gobierno, para Crespo no lo son en cuanto que en un marco generalizado de bajada de inversiones, en Andalucía es donde menos cae.