Del total de 637.221 viviendas deshabitadas que hay en Andalucía sólo 638 son viviendas de protección oficial (VPO) gestionadas por la Junta, mientras que el parque de 81.000 viviendas sociales está plenamente ocupado, según datos de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. En su comparecencia en comisión parlamentaria, Cortés ha asegurado que las viviendas desocupadas gestionadas por su departamento nunca han sido 5.000, como ha asegurado el PP, y que esas cifras, así como las que elevaban el número de viviendas desocupadas del parque público a 60.000, se deben "a la nube de azufre" con la que se ha querido envolver el llamado decreto de la función social de la vivienda.

Cortés ha asegurado que esas 638 VPO hoy deshabitadas y en proceso de adjudicación seguramente serán muchas menos dentro de un mes, ya que mayoritariamente se les ha cambiado la calificación para, en vez de estar a la venta, pasen a formar parte de la oferta de alquiler, además de que, ha matizado, cuando se planificaron había demanda, pero la crisis ha hecho que los demandantes de esas viviendas se retiren.

Tras insistir en que esas VPO deshabitadas suponen el 0,1% del total de las casas vacías en la región, la consejera ha recordado que desde 2007 se han efectuado en Andalucía 86.000 desahucios, y que esas 637.221 viviendas deshabitadas conviven con un número de demandantes de vivienda que se eleva a 189.000. Ante estos datos, Cortés se ha preguntado si "alguien pensaba que no había que cambiar las políticas de vivienda" y ha calificado de "incomprensible" que, hasta ahora que lo ha hecho el Gobierno andaluz, nadie haya pensado en un reconocimiento jurídico expreso de la vivienda vacía.

Con el decreto de la función social de la vivienda, según Cortés, "la vivienda ha pasado de ser una mercancía a un derecho humano fundamental". Ha añadido que no entiende cómo ante medidas como esta hay quien defiende a las entidades financieras que han desahuciado a cientos de miles de familias en España.

Las 81.000 viviendas sociales que hay en Andalucía están habitadas por 350.000 personas, en 516 municipios, todas cumplen son su función social, en algunos casos con alquileres que oscilan entre 8,36 y 10,32 euros mensuales, por debajo de la mitad de IBI que tributan, y están ocupadas por familias que ni aún en tiempos de bonanza económica podían acceder a un piso en el mercado libre, según ha asegurado. Estas viviendas sociales tienen además "una rotación natural y lógica" y su asignación se efectúa de manera "ágil", gracias a la actuación de los ayuntamientos y de la empresa pública de la vivienda (Epsa), según ha afirmado.

Cortés también ha señalado que las medidas de la Junta tratan de "hacer aflorar el parque desocupado en manos de las entidades financieras" cuando se ha referido al bajo porcentaje de viviendas en alquiler en la región, el 17% frente al 33% de la media en Europa. La consejera ha asegurado que las entidades financieras e inmobiliarias que poseen VPO colaborarán con su departamento ahora que han de comunicar cuántas de estas viviendas poseen sin que se estén usando.

La diputada de IU Inmaculada Nieto ha asegurado que los datos proporcionados por Cortés "desmontan los argumentos de los que con mentiras e insultos han querido torpedear" el decreto sobre la función social de la vivienda, y ha pedido a Cortés que "mantenga la calma y siga en esa línea de trabajo". La diputada del PP Alicia Martínez ha asegurado que el decreto es ineficaz para proteger a los colectivos más vulnerables, se ha preguntado cuántas viviendas hay a disposición de los desahuciados y si lo que pretende la consejería es hacer un inventario de viviendas vacías, además de recordarle a la consejera que si ha podido pasar de la venta al alquiler las VPO deshabitadas ha sido gracias a una norma del Gobierno central.