La Junta ha iniciado la tramitación de la Estrategia para el Impulso de la Compra Pública de Innovación 2017-2020, una fórmula de licitación de productos innovadores para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y en la que se invertirán 50 millones de euros de los fondos Feder.

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el objetivo es lograr la adquisición de un mínimo de bienes y servicios innovadores, así como aumentar el porcentaje de empresas que realizan actividades tecnológicas -actualmente sólo son un 10,1 por ciento-.

Ha asegurado que la nueva estrategia se aprobará "en un plazo no muy largo", de forma que este mismo año, ejercicio para el que se han consignado 10 millones de euros, se producirán las primeras licitaciones de acuerdo con la citada fórmula.

La elaboración del documento será coordinada por la Agencia Andaluza del Conocimiento con la participación de todos los departamentos del gobierno, que serán los encargados de desarrollar las correspondientes licitaciones.

El consejero ha puesto como ejemplo de la compra pública de innovación en Andalucía la creación del brazo quirúrgico 3D sensible al tacto del Hospital Reina Sofía de Córdoba y, en el caso de España, los contratos relacionados con el Airbus 400M.

La Estrategia para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación (CPI) establecerá las bases para poner en marcha esta fórmula de licitación, que actúa mediante la demanda de servicios y productos avanzados que no se encuentran aún disponibles en el mercado a partir de la detección de una necesidad.

Según Ramírez de Arelllano, la CPI contribuye a impulsar mercados innovadores, apoyar el desarrollo empresarial y sumar a las empresas el potencial innovador de los agentes del conocimiento, como las universidades y los centros de investigación, además de mejorar los servicios públicos a través de la I+D+i.

Así, en los próximos tres años se prevé la adquisición por parte del sector público andaluz de un mínimo de 14 bienes o servicios innovadores.

Respecto al porcentaje de empresas que realizan innovaciones tecnológicas, se marca como objetivo elevarlo hasta el 17,5 % en 2023, año en el que se cierra la ejecución de los proyectos previstos en el marco del Feder.

Actualmente, la Consejería de Economía cuenta con un informe en el que se han detectado 168 necesidades tecnológicas de productos y servicios en la Junta de Andalucía que pueden lograr una mejora en la gestión de la Administración y en la atención a la ciudadanía, y para las que aún no se han creado herramientas adecuadas.

Este diagnóstico servirá de documento de partida a la hora de elaborar la estrategia, que se gestará en este año con el fin de poner en marcha las primeras compras en áreas fundamentales como medio ambiente, agricultura, salud, asuntos sociales o fomento.

Las soluciones más demandadas se relacionan con tecnologías big data, sensores, reciclaje de materiales y residuos, aplicaciones y plataformas TIC y sistemas de gestión de la información, así como pseudosatélites (Hapsa) o drones.

A diferencia de la licitación convencional, con la CPI la Administración tiene que especificar el desarrollo futuro del producto o servicio que necesita y sus características.

La planificación que ahora inicia el Consejo se alineará con la Estrategia de Innovación RIS3 Andalucía para la especialización inteligente de la comunidad autónoma y con el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

Su contenido incluirá medidas para el impulso de esta fórmula, un sistema de indicadores y un escenario económico financiero, entre otros aspectos.

El consejero ha explicado que esta fórmula de licitación es "muy habitual" en otros países, sobre todo EEUU, y en la última década se está implantando poco a poco en la UE, que ha consignado fondos para ello.