Un nuevo capítulo viene a sumarse a la maraña judicial que envuelve el caso contra la demolicion del hotel El Algarrobico en el municipio almeriense de Carboneras.

Ahora la Junta de Andalucía se ha adherido a la causa de recusación presentada contra los magistrados que deben dirimir la conformidad o no a derecho de la licencia de obras concedida en 2003 a la promotora Azata del Sol para la construcción del hotel en el paraje natural del Cabo de Gata y para lo que el Gobierno andaluz ha solicitado que sean apartados de la causa.

La Administración autonómica sostiene en el escrito elevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que tuvo acceso Europa Press, que concurre uno de los supuestos de recusación que contempla la ley al haberse presentado una querella por presunta prevaricación contra estos magistrados de la Sección Tercera ante el Tribunal Supremo (TS).

Entre los magistrados cuya recusación ha pedido el colectivo conservacionista Salvemos Mojácar figura el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA, Rafael Toledano, así como el ponente del fallo dictado el 21 de marzo en el que se declaró urbanizable el suelo sobre el que se levanta el enorme complejo de hormigón y una de las magistradas del tribunal.

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía entienden, en respuesta al traslado dado por la Sección Tercera del escrito de recusación para alegaciones, que existe "causa legal" para "sustentar" la recusación dado que la querella por presunto delito de prevaricación contra los tres magistrados "pudiera comprometer la objetividad e imparcialidad" al estar presentada por una de las partes personadas en el litigio.

Consideran, así, que la causa de recusación "se infiere directamente, sin necesidad de indagar sobre la posible parcialidad en el ánimo del juez ni de realizar mayor esfuerzo argumentativo" y remarca que ha quedado acreditada la querella que "ha dado lugar a la incoación de procedimiento penal ante el Tribunal Supremo, un causa especial con la designación de un ponente y estando pendiente de la subsanación de un defecto formal para ser admitida a trámite".

Por su parte, la Abogacía del Estado ha elevado escrito en el que se opone a la recusación de los magistrados que dictaminan el futuro del Algarrobico.