La Consejería de Educación inició hace siete meses una revisión de todas las subvenciones concedidas para la formación a parados desde el año 2007; para ello se contrató a 60 interinos, que, de momento, han abierto 480 requerimientos de información a las empresas que se dedican a dar estos cursos, de los cuales 56 han concluido con la petición de la devolución total o parcial del dinero. Educación marcó la fecha de 2007 porque de existir irregularidades, éstas ya habrían prescrito, y aún no ha denunciado a ninguna empresa ante los juzgados porque, antes, deben concluir los expedientes y analizar si hay algún ilícito penal.

Ha sido de modo paralelo a esta investigación de la Junta, cómo la Seguridad Social apreció irregularidades en 17 empresas malagueñas que dieron cursos en 2007. Con esta última información, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (Udef) también abrió una investigación en colaboración con la Fiscalía. De momento, se centra sólo en estas 17 empresas, que han cobrado 1,5 millones de euros. El 14 de febrero la Junta entregó a la Seguridad Social toda la información sobre las empresas.

Educación inició la investigación con motivo de la nueva legislatura y al recibir las competencias de los cursos, cuya adjudicación no se hacía mediante una concurrencia competitiva.

La operación Edu, que se anunció como una investigación policial contra un fraude masivo en Andalucía, se centra, por el momento, en estas 17 empresas, aunque el PP quiere que en el Parlamento se cree una comisión de investigación. Fuentes de la Junta explicaron ayer que la revisión de Educación sigue adelante. No obstante, en esta legislatura, la que arranca en marzo de 2012, no se han concedido más subvenciones a empresas para que den este tipo de cursos. Las publicadas en el BOJA en los meses posteriores corresponden a la anterior legislatura. A partir de ahora, y cuando vuelvan a convocarse, será en un proceso de concurrencia y no podrán participar aquéllas empresas expedientadas, atendiendo al criterio de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas.

Las ayudas investigadas obligaban a las empresas a contratar, al menos, al 60% de los cursillistas durante seis meses, se les entregaba el 75% de los fondos y, una vez aportada toda la documentación acreditativa, se les daba el 25% restante. Ahora, la Junta sacará a concurso cursos con un nuevo modelo bajo el marco de otro modelo de Formación Profesional.

La polémica política por la operación Edu tuvo ayer diferentes reflejos: mientras el Ministerio de Empleo de Fátima Báñez bajaba un poco el nivel al mantener que estas irregularidades "no son propias de un territorio, sino de personas y empresas" que defraudan, el PP-A solicitó la creación de una comisión de investigación. La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, acusó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de esconderse. "¿Por qué entonces estaban revisando los expedientes? ¿Quién está mintiendo?", se preguntó López al conocer que la Junta revisaba desde hacía siete meses estos expedientes. Desde Córdoba, la presidenta Díaz mantuvo que ha sido el Gobierno central el que aprovechó el "vacío informativo" de la Semana Santa para atacar al PSOE andaluz a la entrada de la campaña de las elecciones europeas. Ante las acusaciones de la Junta al Gobierno, Báñez pidió la colaboración de todas las instituciones y argumentó que en Madrid y en Valencia también se está investigando. O en todo el país, caso de la Operación Relisto, si bien es verdad que esas comunidades no se ha culpado a los gobiernos autónomos.