La Junta de Andalucía ha cifrado en 693.600.374,03 euros los fondos otorgados entre el 2001 y el 2010 a la partida presupuestaria que investiga la juez Mercedes Alaya dentro de las subvenciones a los ERE y ayudas sociolaborales.

Así consta en un documento que el viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, envió en mayo del 2011 a la juez Alaya para el sumario sobre un delito societario en Mercasevilla, que ha sido incorporado por el juzgado, con fecha 17 de septiembre del 2012, a las diligencias por los ERE irregulares.

En dicho texto, Mañas explica el proceso administrativo de asignación de las ayudas y concluye que, una vez consignadas, es "estricta competencia" del director general de Trabajo, en este caso el encarcelado Francisco Javier Guerrero, que ocupó el cargo entre 1999 y el 2008, "la elección del sistema de gestión de las ayudas, que indudablemente determina el proceso que haya de seguirse por la Administración".

El propio Guerrero calificó, en sus declaraciones a la Policía, como "fondo de reptiles" estos fondos de la partida 31L, que ahora Mañas cifra en un total de 693 millones de euros en nueve años, con las mayores partidas en el 2008 (87 millones) y el 2006 y el 2007 (86 millones de euros en ambos casos).

Mañas también recoge que la autoridad laboral tiene obligación de denunciar ante el juez, para que declare su nulidad, aquellos casos en los que detecte "la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo" sobre los Expedientes de Regulación de Empleo.

El escrito recuerda que las partidas objeto de investigación eran aprobadas por el Parlamento de Andalucía y "estaban llamadas a servir a las finalidades púbicas para las que se consignaron: administración de relaciones laborales y programas socio-laborales".

"Cuestión distinta será la ejecución que se hiciera de dichas partidas presupuestarias, y más en concreto que en dicha ejecución se utilizara uno u otro procedimiento por la Administración", dice el escrito, y añade que la pregunta de la juez de por qué no se tramitaron como subvenciones extraordinarias "está mezclando cuestiones de legalidad presupuestaria con otras ajenas a dicho ámbito y referidas a posibles procedimientos administrativos".