Media docena de municipios gaditanos con terreno incluido en el Parque Natural de Los Alcornocales se alzó hace un año contra las medidas de protección de este espacio protegido aprobadas por la Junta de Andalucía en 2004. Con el liderazgo del regidor de Alcalá de los Gazules, el socialista Arsenio Cordero, la plataforma denunció que la normativa blindaba el espacio hasta tal extremo que la reparación de un tejado requería hasta nueve meses de trámites. Según los alcaldes, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión estaban provocando la separación del parque natural y los municipios, y se habían convertido en un lastre para el desarrollo de los pueblos. La queja se convirtió en una reclamación formal y Medio Ambiente se comprometió a estudiar el caso.

Su respuesta está articulada ahora en el borrador de un decreto para regular los usos y actividades en los parques naturales, una normativa que pretende ofrecer un marco común que garantice la "coherencia y homogeneidad" en la gestión de los espacios naturales y que sirva, además, para "simplificar y agilizar" la burocracia.

El documento divide las actuaciones en los parques en dos grupos: las sometidas a la "autorización" de Medio Ambiente y aquellas que sólo quedarán sujetas a "comunicación previa" a la Administración regional. Es en el contenido de estos dos cajones donde el borrador incluye sus novedades más destacadas: la construcción de determinadas viviendas y edificios en explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas dentro de los límites del parque natural no necesitará, como ocurre desde 2004, la autorización previa de la Consejería. Eliminada esta exigencia, será suficiente con que el interesado obtenga la licencia municipal.

La edificación de casas -en suelo no urbanizable- deberá estar vinculada al "normal funcionamiento y desarrollo" de la actividad económica de la finca, y servir de residencia al titular de la explotación o al personal empleado en la misma. Sobre esta premisa, según el borrador, se podrán levantar viviendas sin la aprobación previa de la Junta de hasta 600 metros cuadrados incluyendo casa (200), patio e instalaciones complementarias, en parcelas forestales con un mínimo de 25 hectáreas, suelos de secano desde 5 hectáreas, explotaciones de regadío de más de 3 hectáreas, y en huertas con un mínimo de 1,5 hectáreas de superficie.

También quedan excluidos de la criba de Medio Ambiente los proyectos de casetas de aperos o instalaciones de servicios que no superen los 40 metros cuadrados y las naves de hasta 500 metros, siempre con superficies mínimas de explotación que varían en función del uso del suelo.

La Junta entiende ahora que este tipo de iniciativas no "ponen en peligro" los valores objeto de protección en los parques naturales y, por eso, rebaja sus exigencias administrativas. También elimina su supervisión previa, con condiciones, en planes de conservación y rehabilitación de edificaciones, apertura de vías de saca, limpieza de márgenes y dragado en los canales en zonas regables, e instalación de vallados y cerramientos, según recoge el borrador del decreto. Otra de las novedades es la aprobación de nuevos edificios -"en ausencia de ubicación alternativa"- para la implantación de usos industriales, terciarios o turísticos "no residenciales" que sean declarados de interés público.

Por último, Medio Ambiente articula un "principio de celeridad procedimental" en la gestión de parques: se compromete a resolver autorizaciones en un plazo de tres meses y declarará estimada la solicitud si no hay respuesta notificada en dicho plazo.

Ecologistas en Acción considera que el proyecto es "un despropósito" de la Junta y un "golpe de estado contra los parques naturales" de la región. A juicio del colectivo, la reducción de la superficie mínima para construir amenaza con "llenar" los espacios protegidos de chalés de hasta 600 metros cuadrados y "casitas" de 40. "La Administración confunde simplificar con hacer desaparecer, y agilizar con no supervisar y con ampliar la permisividad. No se disminuyen trámites ni plazos de autorización, sino que se eliminan autorizaciones preceptivas y se reducen las superficies mínimas para construir viviendas y demás infraestructuras", criticó la agrupación.

Pero esta no es la única voz en el debate público al que todavía debe someterse el decreto. Desde IU se mantiene que éste puede ocasionar "gravísimos deterioros", porque aun compartiendo el objetivo de que un parque natural sea un elemento dinamizador de desarrollo para los municipios, las propuestas recogidas en el borrador son "irresponsables".

600