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Andalucía

La Junta paraliza el gasoducto en Doñana por dudas sobre el impacto del proyecto

  • La Administración autonómica suspende la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada Insta al Ministerio a analizar los efectos de las tres partes del plan IU pide el fin de la actividad

El proyecto de extracción y almacenamiento de gas natural en el subsuelo de Doñana, uno de los que más polémica han generado en los últimos tiempos en Andalucía -sobre todo por la construcción de nuevos gasoductos-, vuelve al Ministerio de Medio Ambiente. Al menos, allí lo deriva la Junta de Andalucía, que tenía en su mano el visto bueno ambiental definitivo al proyecto presentado por Gas Natural Fenosa. La Administración autonómica no se pronuncia al respecto, sino que devuelve el expediente al departamento dirigido por Miguel Arias Cañete: alega que éste debe completar la evaluación del impacto ambiental con un análisis del efecto que causarán sobre el espacio natural los tres proyectos en los que está dividido el plan energético. Y aprovechando la coyuntura, IU reclama la paralización total de la actividad de extracción de gas en el Parque.

La propuesta de la filial Petroleum Oil & Gas España, de unos 200 millones de euros de inversión total, se ha tramitado dividido en tres partes, para cada una de las cuales el Ministerio daba el pasado mes de enero una Declaración de Impacto Ambiental positiva. El siguiente paso era el que tenía que dar la Junta de Andalucía: la concesión de la AAU y elaborar un informe sobre la afección a espacios de la Red Natura 2000, el grupo de lugares de gran valor ecológico especialmente protegidos por la Unión Europea. El proceso ha quedado en suspenso en el primer epígrafe, con una carta que la Consejería de Medio Ambiente ha enviado a su homólogo en Madrid considerando incompleta la tramitación ambiental seguida por el proyecto.

Desde la Consejería inciden en el problema que supone que el proyecto se haya fragmentado para su evaluación ambiental, según recogía ayer la agencia Europa Press. "Las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos citados se han realizado de forma individual, sin que conste que se hayan tenido en cuenta ni en la fase de análisis ni en la evaluación los efectos de los tres en su conjunto", señalan en la misiva, según adelantó ayer el diario El País. En este sentido, se recurre a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo para reforzar la tesis de que los impactos de los proyectos que formen parte de una unidad deben ser analizados en su conjunto. Con esta misiva, expone la Consejería, "quedarán suspendidos" los procedimientos de tramitación iniciados para este proyecto.

Aunque la Junta asegura no tener constancia de un estudio al respecto, no es la primera vez que la cuestión del estudio conjunto se pone sobre la mesa. Tanto la Dirección General para la Biodiversidad como organizaciones ecologistas reclamaron durante la tramitación de las tres partes del proyecto que la evaluación tuviera en cuenta los "impactos acumulativos y sinérgicos" de todas ellas.

Frente a ello, el promotor indica (según recoge una de las DIA) que el estudio de impacto ambiental "realiza un análisis de los impactos sinérgicos siendo valorados, finalmente, como no significativos o compatibles".

La pelota queda pues en el tejado del Ministerio del PP.

Tanto PSOE como IU se apresuraron ayer a avalar la decisión adoptada por el Gobierno andaluz. En línea con lo reiterado a lo largo de las últimas semanas por Luis Planas, fuentes de la dirección regional del PSOE manifestaron a Europa Press que la federación apoya los pasos que está dando la Junta toda vez que busca "garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental y velar por un espacio de tanto valor para la comunidad autónoma como es Doñana".

El otro socio de Gobierno ya había advertido, a través del vicepresidente Diego Valderas, que ese proyecto en Doñana no entraba en sus esquemas. IU no podía dar un paso atrás en esta materia y fuentes del grupo parlamentario en el Parlamento andaluz se mostraron confiadas en que esta decisión de la Junta constituya "un primer paso hacia la paralización definitiva del proyecto", si bien adelantaron la pretensión de sus representantes de "seguir atentos" a los próximos pasos. Para IU, el "problema" es que "los nuevos 20 kilómetros de gasoducto previstos en el proyecto vendrían a consolidar una actividad industrial en el Parque Natural que debería desaparecer radicalmente".

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