La Junta rechaza los usos y la intensidad que Córdoba quiere para la zona de la Colecor

  • Mantiene que la protección de la zona impide cualquier iniciativa de carácter comercial

Claro, rotundo y sin concesiones de ningún tipo. Así se expresó ayer el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas, a la hora de valorar por primera vez la decisión de la Junta de impugnar el plan especial de la carretera de Palma, en Córdoba. Planas no quiso dejar el más mínimo resquicio de duda sobre los motivos que le han llevado a tomar una decisión de tan profundo calado para la capital cordobesa. Y los dividió en dos grupos: técnicos y políticos; o, mejor dicho, a la ausencia de motivaciones partidistas en el momento de tomar su decisión. Y, sobe todo, "la legalidad".

El plan, a juicio del consejero, debe impugnarse ante los tribunales porque, en primer lugar, incumple la legislación y modifica sustancialmente la calificación dada a los terrenos afectados por el PGOU. El consejero lanzó un tajante mensaje al secretario provincial socialista, Juan Pablo Durán, por sus críticas sobre la falta de información y comunicación previa al partido desde su Consejería: "Soy militante del PSOE desde hace más de 30 años, ahora soy consejero y en mi calidad de tal he tomado la decisión que debía adoptar".

Planas insistió ayer en que "los servicios jurídicos de la Junta han anunciado la interposición del recurso contencioso administrativo en el que se piden dos cosas: lo primero y fundamental, el acto de impugnación del plan especial de la carretera de Palma del Río como tal. En segundo, la suspensión acotada a una zona determinada, que es la de las antiguas instalaciones industriales allí presentes", explicó. Lo que la Junta propone al juez es que no tiene ningún inconveniente con que la parte mayor del plan especial siga adelante, ya que se considera que el Ayuntamiento ha modificado algunas de las cuestiones técnicas con las que no estaba de acuerdo cuando se tumbó el primer plan. Sin embargo, existe otra zona, la que ocupan los terrenos de las industrias históricas -Colecor, Repsol Butano y Agrogás- en la que se han producido unas modificaciones que Ordenación del Territorio no está dispuesta en absoluto a consentir.

En esta línea, Planas aclaró que el recurso sobre esta parte -el llamado ámbito A- "está basado en dos consideraciones fundamentales: que el plan especial ha innovado con respecto a lo dispuesto en el PGOU respecto a los usos, y el segundo, que se refiere a la intensidad de utilización".

La zona afectada en el área de influencia de las industrias históricas tiene considerados en el PGOU vigente unos usos ligados a la transformación de productos primarios o unidos de alguna forma al mundo rural. Lo que el Ayuntamiento plantea, sin embargo, es modificar esos usos hacia los de almacenaje y actividad comercial "porque considera que ya existen en la zona", afirman. Ahí está la primera trampa. Desde la Junta afirman que lo que se recurre no es lo que existe después de que Rafael Gómez construyera sus naves sin permiso y saltándose la ley, que es lo que el plan aprobado por el Pleno pretende, sino aquello que estaba recogido en el PGOU y que fue violentado por la propia edificación de las naves. Dicho en lenguaje más coloquial, lo que no se va a permitir es la construcción de un centro comercial en un lugar en el que lo que debería haber es algún tipo de industria primaria. "Ésta es la razón fundamental del recurso", esgrimió ayer el consejero, y esos cambios de uso "no son elegibles", concluyó. O se le dan los usos del PGOU que entró en vigor en 2003 o no se les da ninguno.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios