La Junta recurre a los decretos para sacar adelante sus medidas

  • La crisis motiva que el Gobierno andaluz exprima esta potestad por su celeridad. La reforma del Estatuto permite que el Ejecutivo pueda abusar de esta figura.

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En los dos primeros años de legislatura el Parlamento de Andalucía ha aprobado 10 leyes, tiene otras dos en trámite y ha convalidado 19 decretos ley remitidos por la Junta de Andalucía, más dos que verán la luz verde este mes. El Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU ha optado mayoritariamente (63,6%) por esta potestad normativa, adquirida tras la reforma del Estatuto de Autonomía en 2007. Con esta fórmula el Gobierno consigue sacar adelante una norma que en el plazo de un mes debe convalidarse por el Parlamento (aprobarlo o rechazarlo, nunca modificarlo) al margen de la opinión y el debate de perspectivas propio del debate parlamentario y sin dar la oportunidad de manifestar su postura a otros grupos políticos o a los agentes sociales. En los últimos ocho meses, con la llegada de Susana Díaz a la Presidencia, el balance es de tres a ocho (72,7%). Uno por mes.

Las medidas para luchar contra la crisis económica y, sobre todo, la aprobación de los denominados estatutos de segunda generación han desbocado la preferencia de los gobiernos por esta fórmula que exige una motivación "extraordinaria y de urgente necesidad". En junio de 2008, con los primeros indicios de la crisis, la Junta aprobó el primer decreto ley de su historia: el primer paquete de medidas anticrisis que contenía el plan Memta de empleo. Luego llegaron más decretos ley, hasta 15, una cifra ya superada en el ecuador de la presente legislatura. Los últimos en llegar han sido un plan de empleo joven y la modificación del Presupuesto para que los directivos de Canal Sur sigan ganando más que la presidenta de la Junta.

Ningún otro Gobierno autonómico presenta unos registros tan elevados, ni un balance entre leyes y decretos tan desequilibrado, aunque en otras regiones las legislaturas estén más avanzadas o sus gobiernos cuenten con mayoría absoluta y no necesiten de otro grupo político para la convalidación.

El Gobierno del PP batió récords en su primer año, con 16 leyes por 28 decretos ley. Ni el Gobierno de Felipe González en 1982 (26), había ejercido tanto esta potestad en su primer año. En 2013 el Gobierno aprobó 36 leyes y 17 decretos ley. Este año el balance es de 9 leyes y 6 decretos ley.

Además de Andalucía, la figura del decreto ley autonómico se ha incorporado en los procesos de reforma estatutaria en Valencia, Cataluña, Baleares, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Navarra. En otras comunidades como País Vasco, Galicia o Madrid donde no se han aprobado nuevos Estatutos, dicho instrumento normativo no existe. Murcia lo acaba de incorporar, pero aún no la ha utilizado.

Cataluña, cuya legislatura empezó en diciembre de 2012 tras las elecciones autonómicas anticipadas, ha aprobado seis leyes (tiene otras 17 en trámite) y 10 decretos ley. Las restantes comunidades comenzaron la legislatura en 2011, casi un año antes que Andalucía. La única que le sigue el pulso a la comunidad andaluza es Islas Baleares, que ha aprobado en lo que corre de legislatura 34 leyes y 25 decretos ley.

Aragón lleva 22 leyes y nueve decretos ley. La Comunidad Valenciana, 18 leyes y 15 decretos ley. Navarra alcanza 84 leyes y tres decretos ley. Extremadura, 14 leyes y cuatro leyes. Castilla y León, 28 leyes y 7 decretos ley.

Izquierda Unida ha convalidado cada decreto ley procedente del Gobierno. Sólo tres se llegaron a tramitar después como ley (función social de la vivienda, las medidas de ajuste de 2012 en la que se incorporaron enmiendas para salvar a los empleados públicos mileuristas y la organización territorial de la Junta).

El portavoz de IU José Antonio Castro avanza que su grupo pedirá la tramitación como ley del plan de empleo juvenil y el de reducción de trabas burocráticas.

IU se muestra contraria a este procedimiento, pero Castro rechaza que se produzca un abuso. Justifica la urgencia y necesidad de cada convalidación. La cuenta pendiente es el "vendaval" de leyes prometido que, por el momento, no llega a relente. Castro confía en cumplir los plazos de acuerdo de legislatura y que en los próximos dos meses se aprueben las leyes de Participación Ciudadana, Embriones, Memoria Democrática o la reforma de la Cámara de Cuentas, que será una propuesta de los grupos parlamentarios.

El portavoz del PP, Carlos Rojas, señala que la Junta "ha convertido una excepción en norma, lo que se debe a la improvisación a la que asistimos en cada Consejo de Gobierno". "Es un reflejo del carácter autoritario de la presidenta que demuestra que su discurso de participación es falso", concluye.

Fuentes del PSOE consideraron que el uso de decretos ley está justificado porque en crisis sirven para solventar problemas concretos y de forma rápida. La respuesta del presidente del Parlamento, Manuel Gracia, fue insatisfactoria.

Ana Carmona, catedrática acreditada de Derecho Constitucional, recuerda que esta potestad legislativa en manos del Gobierno resulta excepcional, ya que el órgano "natural" llamado a ejercerla es el Parlamento. "La regla es que quien legisla es la Cámara y que lo haga el Ejecutivo, la excepción", añade. Carmona subraya que "un uso excesivo o desmesurado de los decretos ley implica, en principio, un riesgo para la calidad democrática del sistema político" y apunta que el problema se halla en el proceso de convalidación, donde se obvia el debate.

"Las formas en el sistema democrático también son fundamentales", añade. La profesora advierte del riesgo de justificar la urgente necesidad del decreto ley autonómico. "Algunos presentarían un encaje estatutario y constitucional no exento de dificultades". No obstante, todavía no hay ninguna sentencia del TC sobre estos casos.

Coincide en el análisis la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid Yolanda Gómez, que en un estudio desaconseja recurrir tan asiduamente a la legislación de urgencia para afrontar las crisis económicas.

Si la Junta pidiera la tramitación de una ley por urgencia el tiempo de tramitación pasaría de unos seis meses a la mitad. Pero el Gobierno andaluz se ha aficionado al decreto ley, más rápido, aunque discutible desde el punto de vista jurídico y de calidad democrática.

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