La Junta recurre por "engañoso" un auto de la juez de los ERE

  • Considera que Alaya utiliza términos del PP al investigar el papel de Griñán en las ayudas

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La Junta ha recurrido por "engañosos o confusos" los términos del auto de la juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos, en el que pidió las transferencias del llamado "fondo de reptiles" a partir de 2005, cuando el presidente andaluz, José Antonio Griñán, era consejero de Economía. El recurso de aclaración al auto fue presentado el pasado viernes por los servicios jurídicos de la Junta al considerar que los términos en que se solicita determinada información son "engañosos o al menos confusos", anunció ayer la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno.

La consejera señaló que dichos términos "son los que utiliza el PP a la hora de pedir información a la Junta, y ha concretado que el Ejecutivo necesita que se aclare algún concepto sobre la información solicitada". "Los servicios jurídicos interpretan que no hay una concordancia clara entre los documentos que se piden y la normativa presupuestaria, por lo que esperamos que se aclare", indicó.

La consejera añadió que la Junta está preparando la información que solicita la juez para cumplir con los plazos previstos.

En un auto, del pasado 2 de diciembre, la juez de instrucción 6 de Sevilla concede a la Junta diez días para que informe sobre los expedientes tramitados desde 2005 por la Consejería de Economía "relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno a fin de dotar de tesorería necesaria a la agencia IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación", especialmente para el programa 31L.

El PP había pedido que se requiriesen esos datos del periodo 2001-2010 y su secretario general andaluz, Antonio Sanz, había considerado que tales documentos demostrarían "la implicación de Griñán en este caso" porque cuando autorizó esas modificaciones presupuestarias, en 2008, ya existía un informe de la Intervención General de la Junta de 2005 que advertía a la Consejería de Empleo de que el procedimiento administrativo utilizado no era adecuado.

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