Tras cuatro años y medio, la Junta de Andalucía resucita las ayudas a la formación para el empleo. Estos programas fueron suspendidos a finales de 2011 cuando se detectaron señales de un posible fraude en los cursos de formación realizados desde 2002. Primero hubo una serie de alertas, espaciadas en el tiempo, por los órganos de control de la administración como los interventores o la Cámara de Cuentas. Luego, fueron los jueces y las fuerzas de seguridad quienes pusieron la lupa en los 3.100 millones de euros destinados a estos programas. Y, finalmente, el Gobierno andaluz, aún con José Antonio Griñán como presidente -quien dimitió de su cargo un año más tarde acosado por el caso ERE, por el que ahora está siendo procesado- decidió suspender los cursos financiados con ayudas públicas y ponerse a revisar los casi 42.000 expedientes acumulados en una década.

Ahora, Susana Díaz, como indicó en su comparecencia ante la comisión parlamentaria que dilucida la responsabilidad política de las irregularidades de los cursos, cree que es el momento de recuperar la formación subvencionada, una vez que las distintas investigaciones ya están avanzadas. Eso sí, las nuevas convocatorias verán incrementados los controles. Como han repetido en la comisión todos los ex consejeros que tuvieron responsabilidad en los cursos investigados, "las cosas se hicieron bien, pero también hubo errores y hay que aprender de ellos".

La lección aprendida se vislumbra en que los nuevos programas formativos contarán con criterios de baremación para que exista concurrencia competitiva en la adjudicación de las subvenciones. No como hasta ahora, que era un proceso bastante arbitrario. Además estará prohibida la subcontratación de los cursos.

También se pondrá en marcha una única forma de pago. Las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25% de la subvención a la concesión de la misma, un 35% una vez iniciada la actividad, y el 40% restante tras la justificación total de la subvención acompañada del informe de un auditor, que deberá presentarse en un plazo de tres meses. En la mayoría de los cursos investigados, lo más corriente era adelantar el 75% del dinero y pagar el 25% restante tras presentar la cuenta general.

Las entidades beneficiarias deberán estar debidamente acreditadas para impartir la formación y contar con medios suficientes y adecuados para poder desarrollar las acciones.

Finalmente, la Junta primará la formación que permita la obtención de certificados de profesionalidad válidos en la Unión Europea.

Marta Bosquet (C's) "Es el primer logro de la investigación que pusimos en marcha"

La portavoz de Ciudadanos (C's) en la comisión de investigación sobre las ayudas a la formación, Marta Bosquet, aseguró ayer que el "primer logro" de la comisión de investigación que su partido impulsó el pasado septiembre es que "la Junta haya rectificado los criterios para la concesión de subvenciones de formación". Bosquet explicó que C's siempre apostó porque "uno de los objetivos de la comisión de investigación fuera que se pusieran las medidas y soluciones para que esto no volviera a pasar en Andalucía nunca más". Para la parlamentaria andaluza "es positivo que haya más fiscalización y que los condenados por corrupción no puedan concurrir a estas ayudas". Finalmente, la diputada advirtió de que su partido seguirá "exigiendo el seguimiento y el control exhaustivo de las nuevas ayudas" para la formación.