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La Junta sancionará la discriminación de la mujer con multas de hasta 120.000 euros

  • La normativa castigará los actos que promuevan la discriminación femenina, inciten a la prostitución o a la violencia machista, así como las campañas publicitarias que utilicen el cuerpo de la mujer como reclamo.

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La Junta de Andalucía podrá sancionar con hasta 120.000 euros situaciones de discriminación como la realización de campañas publicitarias que usen el cuerpo de la mujer como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación o de desigualdad en los medios de comunicación públicos. Ésta es una de las principales novedades que recoge la reforma de la Ley de Igualdad que fue aprobada esta mañana por el Consejo de Gobierno y que ahora inicia su trámite parlamentario.

“Estamos de enhorabuena. Vamos a ir a por todas en el sentido de que la igualdad sea efectiva en Andalucía”, resaltó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María Jesús Sánchez Rubio, en la comparecencia posterior al Consejo. El texto, que modifica aproximadamente el 50% de la ley en vigor desde 2007, incorpora un régimen sancionador que “permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad”. El proyecto detalla el listado de infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, que se tipifican en leves, graves y muy graves. Las primeras recogen desde apercibimientos a sanciones de hasta 6.000 euros; el siguiente escalón ya contempla sólo multas de entre 6.000 y 60.000 euros; y el último nivel las sanciones escalan hasta los 120.000 euros.

Entre las infracciones graves y muy graves, se incluyen la realización de actos (sean culturales, lúdicos, artísticos o en el marco de eventos deportivos) que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista, así como el uso en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo. A preguntas de los periodistas, Sánchez Rubio especificó que el objetivo no es eliminar el trabajo de las azafatas en eventos deportivo sino el “el trato vejatorio” de las mujeres. En ese sentido, la futura ley impondrá a las federaciones, asociaciones y entidades deportivas la obligación de velar por el respeto al principio de igualdad en la celebración de las pruebas que organicen.

La función inspectora corresponderá al Instituto Andaluz de la Mujer, que también podrá remitir informes a la Inspección de Trabajo en caso de que las situaciones detectadas afecten al ámbito laboral. Precisamente, la norma contempla la colaboración con la Consejería de Empleo para elaborar estudios sobre brecha salarial en las empresas. Asimismo, incluirán medidas para combatir la discriminación laboral y el acoso sexual dentro de la programación anual de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo. Asimismo, se establece la creación del registro de Planes de Igualdad en las Empresas así como la realización periódica para analizar diferencias retributivas en las empresas.

La aplicación de la ley, cuyo ámbito “es transversal a todas las consejerías de la Junta”, recoge también modificaciones en los procesos de selección de personal de la administración regional. Así, se priorizará la incorporación de mujeres “en los grupos donde su presencia sea inferior al 40%, según la titular de Igualdad y Bienestar Social, que incidió en que se respetarán en todo momento los principios de “mérito y capacidad”.

Asimismo, la nueva norma implica también una reforma de los planes de estudio en todos los niveles educativos. Así, se incluirán conocimientos sobre la contribución histórica de las mujeres así como la corresponsabilidad en el ámbito doméstico. Sánchez Rubio avanzó que una comisión de expertos se encargará de la revisión de estos contenidos, “tanto de lenguaje como de imágenes”, en los libros de texto. En el caso de la educación superior, las universidades públicas deberán incluir “enseñanzas obligatorias de igualdad en sus planes de estudio, con especial incidencia en el grado, máster y doctorado en Ciencias de la Educación”. Asimismo, esta formación computará en los criterios de evaluación para el acceso a la función pública docente.

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