La decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -por la que se anula el acuerdo del Consejo de Gobierno en el que exigía a Boliden el pago de 89,9 millones de euros para compensar los daños que originó la fractura de la balsa minera Aznalcóllar en 1998- ha dejado el caso en una especie de limbo jurídico. Así al menos lo entiende la Junta de Andalucía que ha decidido acudir al Tribunal Supremo para que le aclare el camino para reclamar este dinero después de que se le cerraran las puertas también en sus recursos por la vía penal y la civil. La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, anunció ayer en Málaga que la primera decisión que adoptará el Gobierno andaluz tras el último varapalo llegado desde el TSJA con respecto al caso del vertido de Aznalcóllar será presentar un recurso de casación.

Coves mantuvo que si este recurso de casación no da resultado, la Junta acudirá "a la sala donde se dirimen las cuestiones jurídicas en el Tribunal Supremo para que nos indique cuál es la vía adecuada". La responsable de Medio Ambiente consideró que la negativa del TSJA responde a que la denuncia presentada por el Gobierno andaluz "no se corresponde a la vía jurídico-administrativa" pero que tuvieron que acudir a ella porque no prosperó las denuncias que presentó por la vía penal y la civil.

"El propio sistema judicial nos está diciendo que no tenemos ninguna vía y este tema no puede quedar archivado por parte de la vía penal, la civil y la contencioso-administrativa, de modo que será el Supremo quien le diga a la Junta qué tiene que hacer porque en instancias inferiores todas han sido cerradas", mantuvo la consejera. "No nos vamos a dar por vencidos", sostuvo Fuensanta Coves que calificó la situación generada como "extraña". En cualquier caso, la última decisión del TSJA vuelve a paralizar durante varios años la resolución de un conflicto que se inició hace nueve años.

El Alto Tribunal Andaluz, en esta última sentencia, ha vuelto a fallar a favor de la multinacional sueca alegando que en la fecha en la que la Junta terminó el proceso administrativo para exigir a Boliden los costes de la reparación ambiental del río Guadiamar "no existía precepto legal alguno" que habilitara legalmente al Gobierno andaluz a reclamar "la reparación de unos daños amparados en un título de derecho privado".

Lejos de lanzar un mensaje pesimista, Fuensanta Coves aseguró que "la Junta no se desanima" y que le gustaría "recibir un poquito más de calor por parte de los servicios jurídicos que tienen que ver este tema, porque es un tanto extraño". La consejera añadió que desde el momento del desastre la prioridad política era tratar de resolver el impacto ambiental y que el espacio ya es un paisaje protegido con el Corredor Verde. "Además, están resueltos los efectos económicos, ya que hay un polígono industrial allí con prácticamente todas sus parcelas vendidas, pero nosotros, teniendo en cuenta la trascendencia que tuvo este vertido, seguimos persiguiendo que la empresa se haga cargo de los costes derivados de todo el daño que causó", matizó.

El coordinador de Ecologistas en Acción en Andalucía, José Rodríguez Sillero, mostró su apoyo a la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Supremo. "No se trata sólo de una cuestión de recuperar el dinero que la Junta de Andalucía ha invertido en que la zona vuelva a su estado anterior a la catástrofe, sino que con esta sanción se previene para que otras empresas no provoquen una situación similar", mantuvo el responsable de Ecologistas.

El resarcimiento de los costes ambientales que tuvo el vertido de Aznalcóllar se inició por lo civil en enero de 2002, aunque la Audiencia Provincial de Sevilla no admitió a trámite esta reclamación. También desestimó con anterioridad el recurso presentado contra el archivo de las causas por la vía penal que dictaminó el juzgado de Sanlúcar la Mayor que investigó el caso.