La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, ha afirmado que la Junta ha triplicado la inversión en materia de Justicia desde que le fueron transferidas las competencias hace 12 años, tiempo que, a juicio de la oposición, no ha servido para que la Junta arregle los problemas.

En su comparecencia en el pleno del Parlamento andaluz para informar de las actuaciones realizadas por el Gobierno andaluz en materia de Justicia, Naranjo ha explicado que la inversión ha pasado de los 119,4 millones de euros en 1998 a los más de 506 millones en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año.

Los objetivos de la Consejería, según Naranjo, se centran en la adecuación de las sedes judiciales, la dotación necesaria de medios humanos y materiales, "para dar respuesta al compromiso de modernización, y a la mejora del servicio público que se ofrece a la ciudadanía".

Tras recordar que la Junta tuvo que hacer frente en un principio a una situación ciertamente deficitaria, con notables carencias de dotación informática, de elementos organizativos racionales y un número de funcionarios escaso y mal distribuido, ha desglosado los "avances" registrados desde entonces en materia de Justicia.

Ha destacado que en Andalucía existen 85 partidos judiciales en los que se ha invertido en infraestructuras, además de reformar, mejorar o construir nuevas sedes, como lo prueba que en los últimos cinco años (2005-2009) la Consejería ha invertido más de 250 millones de euros en infraestructuras.

La consejera también se ha referido a la puesta en marcha de la aplicación procesal Adriano y su continuo desarrollo, la dotación constante de medios materiales, el incremento del 37 por ciento en el número de órganos judiciales (actualmente 642), la creación de ocho Institutos de Medicina Legal o el aumento en 2.038 funcionarios judiciales hasta los 7.070 que hay en la actualidad.

El despliegue territorial de la Fiscalía Superior de Andalucía, que se ha iniciado en las provincias de Málaga y Sevilla, han sido otras de las actuaciones realizadas por su departamento, así como la reordenación y reorganización de los recursos humanos de los servicios judiciales de la comunidad encargados a expertos en la materia para implantar una estructura organizativa estable que dé respuesta a las necesidades de la Administración de Justicia.

La puesta en servicio de nueve Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (que el año pasado atendieron 2.523 casos), nueve Puntos de Encuentro Familiar o los diferentes Equipos Técnicos de apoyo a la Administración de Justicia que trabajan a requerimiento de magistrados, jueces y fiscales, han sido otras de las actuaciones destacadas por la consejera.

También ha citado los nuevos 18 juzgados con competencias exclusivas en violencia sobre la mujer y el continuo impulso y organización de actividades formativas para los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia.

En materia de Justicia juvenil, además de pasar de 11 a 15 juzgados de Menores, ha destacado que Andalucía cuenta ahora con 782 plazas de internamiento, siete grupos de convivencia y un plan de reinserción para los jóvenes a través del cual más de 400 empresas colaboran con la Administración proporcionándoles trabajo para asegurar su efectiva reintegración en la sociedad.

El parlamentario del PP Juan Ignacio Zoido ha señalado que, pese a lo que afirme la consejera, la situación de la administración de Justicia en Andalucía es "pésima", y ha añadido que lo primero que tiene que hacer la Junta es "aceptar que las cosas no se han hecho bien" a lo largo de estos años "y hay que cambiar el rumbo". Según Juan Ignacio Zoido, en Andalucía faltan sedes judiciales, medios materiales y medios personales, pero ha advertido de que para ello solo debe tener "voluntad política", algo que, en su opinión, no se ha visto en los Presupuestos de la Junta para 2009.

Por su parte, el diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo ha lamentado que la consejera destaque como un logro la inversión realizada cuando, en su opinión, debió haber reclamado más dinero al Estado tras asumir las competencias, y le ha recordado que aún faltan mucha inversión en infraestructuras judiciales.