La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y las abultadas sobrecomisiones impuestas en la tramitación de las pólizas, envió a prisión al conseguidor y ex sindicalista Juan Lanzas Fernández, después de atribuirle la inclusión de hasta 24 intrusos en las primas y estimar que ganó más de 13 millones de las sobrecomisiones a través del entramado societario de empresas pantalla que, según la instructora, Lanzas creó para ocultar estos ingresos.

En el auto de prisión, la juez recuerda que Lanzas, que estuvo en el sindicato UGT desde 1979 a 2002, tenía una "importante relación de amistad" con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, también en prisión, y que recibió "ilícitas gratificaciones" por seleccionar a la mediadora Vitalia sin licitación alguna y con un coste tan elevado para la Administración pública.

Según la instructora, el conseguidor amplió su "área de influencia a otros cargos de la Consejería de Empleo", entre los que la magistrada cita al que fuera delegado de Empleo Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE y a quien habitualmente correspondía autorizar los expedientes. Alaya cree que Lanzas, que está imputado por siete delitos, entre los tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita, ofrecía "el paquete completo", compuesto por Vitalia y por el despacho de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís, que se encargaría de la tramitación del expediente y en el que además trabajó desde febrero de 2003.

Entre los 24 intrusos que Alaya le atribuye se encuentran él mismo y su esposa, Patrocinio Sierra, ambos incluidos en el ERE de Hitemasa, y sus cuñados Ángeles Sierra y Carmelo Cruz, en el de Dhul. Con estas pólizas el conseguidor podría haber obtenido casi 600.000 euros, precisa Alaya, que advierte que el dinero obtenido "en su mayor parte se lo quedaba para sí, y en otras ocasiones lo distribuía a otros intervenientes en el proceso, cargos públicos incluidos". También se incluyó como intrusas en Hitemasa a las esposas de Javier García de los Reyes y Rafael Mesa, ambos de UGT con os que había coincidido en el expediente de Hijos de Andrés Molina, mientras que en Dhul figuró la esposa de Damián Jiménez, miembro de CCOO con el que Lanzas había coincidido en las negociaciones anteriores como Coosur e Hijos de Andrés Molina.

En la empresa Surcolor se incluyó a dos personas del entorno del ex delegado de Empleo: José Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Camas, y a José Antonio Márquez, concuñado de Antonio Rivas. En el caso de la empresa pública Mercasevilla, Lanzas intervino en los dos ERE que se realizaron en 2003 y 2007, por los que llegó a cobrar hasta 492.665 euros, precisa la juez.

El auto señala que uno de los instrumentos creados para la comisión del fraude fue la creación de un amplio entramado de "sociedades pantalla", a cuyo frente se encontraban testaferros y que percibían en sus cuentas ingresos procedentes de los fondos públicos -las sobrecomisiones-, mediante la continua emisión de facturas "falsas por servicios inexistentes", un sistema que fue proporcionado por el que pudiera considerarse "amigo de la Administración" Juan Lanzas y "controlado" por la consultora de previsión social contratada "verbalmente" por la Junta, a la que la misma "confiaba sus fondos públicos".

La juez cifra en 13.467.497,4 euros los fondos públicos recibidos por Lanzas, en los que se incluyen tres millones recibidos de la familia Ruiz Mateos por su intervención en cinco ERE. La instructora destaca que, además de los 13 millones de euros que "recibiría ilícitamente", el patrimonio del ex sindicalista creció "ostensiblemente", puesto que desde el año 2000 Lanzas adquirió un total de 16 inmuebles: 11 de ellos a su nombre, cuatro a nombre de la empresa Maginae Solutions de su cuñado, que según la juez actuaba como testaferro, y un apartamento en la playa a nombre de sus padres.

La juez recuerda que el conseguidor "derivaría también sumas de dinero a otros partícipes en la trama de ayudas sociolaborales" e insiste en que pagó viajes a Shangai y Egipto del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su esposa, por importe 6.311 y 5.068 euros, respectivamente.

Por otra parte, el ex directivo de Vitalia Eduardo Pascual, encarcelado en la nueva línea de investigación abierta por Alaya, ha pedido la nulidad de su ingreso en prisión pues estuvo detenido 78 horas y 30 minutos, por lo que Alaya vulneró su derecho fundamental a la libertad. El abogado de Pascual relata en un recurso que su cliente fue detenido en su domicilio de Barcelona a las 9:15 del 20 de marzo y la juez no decretó prisión hasta las 15:45 del día 23, por lo que excedió las 72 horas legales.

Ello significa la nulidad del auto, que "aboca inexorablemente a su puesta en libertad", según la defensa, quien recoge que, pese al secreto sumarial, la experiencia indica que las detenciones se realizaron por orden de la juez Alaya y no a iniciativa de la Guardia Civil.