"La Ley de Vivienda va a tener un respaldo masivo en las urnas"

  • La futura diputada asegura que la Junta tendrá suelo en primavera para construir 300.000 VPO · Los constructores recibirán 3.000 euros por cada VPO edificada

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Relevada en el Gobierno, Concepción Gutiérrez, consejera de Obras Públicas y Transportes durante los últimos ocho años, inicia una etapa "diferente" al encabezar la lista del PSOE al Congreso por su provincia, Jaén, el "no va más" para un político. Mientras elige libros para donarlos a la biblioteca del Polígono Sur de Sevilla, analiza un periodo donde infraestructuras, ordenación del territorio y, sobre todo, una ley que garantizará una vivienda a todos los andaluces, han marcado su agenda.

-La futura ley de Vivienda, ¿tiene más de acción de Gobierno o de promesa electoral?

-Es un proceso legal iniciado en 2002 con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), continuado con una ley de vivienda protegida (VPO) y completado con planes de ordenación del territorio. Ha llegado el momento de cerrar ese ordenamiento jurídico y, tras someterlo a la consideración de los agentes económicos y sociales, seguro que recibirá el respaldo mayoritario en las urnas. La legitimidad de esa ley va a ser total.

-En tres años prevé que no habrá atascos para acceder a una VPO. ¿Quedarán para el recuerdo los sorteos y las colas?

-Dependerá de cada ciudad. En la inmensa mayoría será un proceso normal, porque los ayuntamientos han atendido a las previsiones de crecimiento y sólo una veintena ha pensado más en los propietarios de suelo que en sus jóvenes. El objetivo es conseguir un volumen de VPO que permita superar el sorteo y acudir ya a un registro, gestionado por los ayuntamientos y ordenado con criterios de preferencia.

-¿De verdad existieron tensiones en el Pacto? Chaves puso de límite Navidad y allí todos firmaron.

-Hubo tensión, por supuesto, pero se ha conseguido que todo el mundo quede contento. Una familia que gane menos de 1.5000 euros al mes pagará como máximo, por un piso de 70 metros, 90.000 euros en grandes ciudades o 80.000 en las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, unos precios asequibles para no destinar más de un tercio de la renta a la vivienda.

-¿Y las próximas actuaciones?

-Tenemos muy avanzado un mecanismo para evitar fraudes en el registro de demandantes: todo el mundo tiene que saber el lugar que le corresponde y cuándo le va a tocar la VPO. También hay que definir las tipologías de vivienda que necesita cada municipio, depende de si tienen más familias numerosas o de una persona. Además, para primavera ya tendremos identificados los suelos para construir 300.000 viviendas protegidas.

-Para 210.000 ya tienen suelo.

-Así es. Antes los ayuntamientos nos cedían el terreno para que creáramos vivienda. Ahora hay una nueva metodología. Ayudamos a la parte más difícil, la obtención de suelo, incluso financiando las compensaciones; los criterios de asignación los tienen los ayuntamientos y las viviendas las construye la iniciativa privada.

-Los constructores recelaron de la ley y la Junta les insistió en que enfocasen su actividad en la VPO. ¿Cómo se les va a incentivar?

-Con dos medidas. La Junta les dará 3.000 euros por cada vivienda y regularemos la figura pública del urbanizador.

- ¿Sería partidaria de una Consejería específica?

-Eso corresponde al presidente, pero la experiencia me dice que la organización de la ciudad no es sólo el derecho a la vivienda, sino una movilidad sostenible. El compromiso del PSOE es ligar ambos conceptos con las políticas de transporte y la ordenación del territorio.

-Sobre este último aspecto, el PP derogará el POTA si gana el 9-M.

-Es una visión idelógica. El PP gana en el caos, le gusta que no haya orden y que el mercado marque el crecimiento de la ciudad en función de los intereses de los propietarios de suelo. Arenas es coherente con lo que hizo como vicepresidente del Gobierno de Aznar, con una Ley del Suelo que priorizó la especulación y de la que ahora sufrimos sus resultados.

-El tan trillado decreto de campos de golf, anunciado en 2000, ahora ha conseguido un acuerdo.

-Lo que se ha terminado de consensuar es la normativa típica, la turística, y resta el ámbito del medio ambiente y el territorio. Un campo de golf es perfecto, pero las casas deben estar en los cascos urbanos. Si son grandes proyectos, de interés autonómico, la Junta, y nunca los ayuntamientos, estudiará si se puede crear un nuevo núcleo urbano. Creo que hay varios proyectos que pueden responder a ese perfil.

-Sobre Marbella, el PP les acusa de ser cómplices al consentir la corrupción urbanística y pregunta quién compensará a los propietarios de viviendas ilegales.

-No acepto que se hable de complicidad: que vayan inmediatamente a un tribunal y lo denuncien. Otros estaban sentados en el mismo equipo de gobierno, viendo las tropelías que hacían, y no movieron un dedo. En segundo lugar, hicimos un plan, que fue aprobado y asumido por el Ayuntamiento del PP, y lo que ocurra es de su competencia. Ahora que estudien las alegaciones y tengan cuidado, a ver si destrozan la ciudad y se olvidan del futuro.

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