Nunca es un buen momento para abrir la negociación de las cuentas de las autonomías, siempre hay factores que llenan de razón a los más perezosos, sabedores que cuadrar el sudoku de las comunidades es una costosa tarea que necesita de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y de una parte sustancial de los territorios. En 2008, el ex presidente Felipe González salió en auxilio de Rodríguez Zapatero. El inicio de la crisis, y con ella la caída de los ingresos, no dibujaba un panorama idóneo para acordar un nuevo modelo que siempre se ha resuelto con una mayor aportación del Estado. Felipe González quiso retrasarlo, pero el presidente de la Generalitat, entonces José Montilla, se rebeló. Porque no se engañen, las necesidades de gasto social de las autonomías, que son la de los españoles, son superiores a los fondos que reciben en la actualidad. Hace falta más dinero, en torno a 20.000 millones de euros, y el Estado tendrá que aportar más. Por eso, ante la necesidad de buscar más fondos o de subir los impuestos, y con el asunto pendiente del Gobierno catalán, algunos de los negociadores autonómicos opinan que Mariano Rajoy y su ministro Cristóbal Montoro seguirán dando largas.

Si el jueves pasado Montoro se comprometió a incluir en los Presupuestos de 2018 el resultado del nuevo sistema de financiación, ya el viernes, al término del Consejo de Ministros, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo explicaba que es "imposible" llegar a un acuerdo antes de final de año. En el Gobierno andaluz opinan que Rajoy y sus ministros tenían que salvar la aprobación de la ley del Cupo vasco, y una vez pasado esto, se volverán a olvidar. Esta misma opinión la tienen algunos de los dirigentes de Ferraz, muy preocupados porque el Gobierno también está enfriando la reforma de la Constitución y la comisión que analizará el modelo territorial de España. PP y Cuidadanos acaban de tumbar el calendario de esta comisión, que iba a citar antes del 21 de diciembre a los padres de la Constitución que aún viven: José Pedro Pérez Llorca, Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón. A ello se añade un intento de confusión: el PP quiere llevar la negociación del modelo de financiación a la comisión territorial. Si se trata de complicarlo todo un poco más, hasta hacerlo inabordable, ése es el camino. El presidente de esta comisión, el socialista José Enrique Serrano, ha rechazado que éste sea el foro adecuado para discutir sobre las cuentas, con independencia de que él y muchos otros consideran que la financiación debería de estar constitucionalizada. Hasta ahora, lo único que hay en la Carta Magna es una remisión a la Lofca (la ley de financiación de las comunidades autónomas).

Las autonomías necesitan más dinero. Si las comunidades siguen sin invertir en obra pública es porque tienen que derivar dinero de otras partidas para mantener esos servicios. El Fondo de Suficiencia no basta, a pesar de que fue concebido para cubrir la educación, la sanidad y las prestaciones sociales de modo igualitario. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, calcula que el sistema necesita entre 20.000 y 40.000 millones de euros más. 3.300 millones corresponderían a Andalucía. ¿De dónde sacarlos? Hay quien opina que una buena parte se puede obtener de las comunidades sobrefinanciadas, pero no es así: éstas, que las hay, son tan pequeñas, como Cantabria, La Rioja o Extremadura, que aun detrayéndoles fondos para el resto, apenas aportarían unos pocos cientos de millones. Lo mismo ocurre con el Cupo vasco. Supongamos que pagase lo mismo que si fuese una comunidad de régimen general, el sistema sería más justo porque sería menos asimétrico, pero no solucionaría la carencia.

El Gobierno reunió en octubre a un grupo de expertos para realizar un análisis sobre el sistema de financiación. De sus conclusiones no se extrae ningún nuevo modelo, sí hay sugerencias y un diagnóstico, aunque se cerró con bastantes votos particulares. Una de las propuestas es que se diese a las comunidades la libertad para disponer de dos nuevos puntos de IVA para lograr mayores ingresos autonómicos. La opinión de los gobiernos regionales, sin embargo, es contraria a que la negociación se cierre con una subida impositiva, ya que se estaría trasladando a los ciudadanos que las comunidades son las culpables del gastos en el país. Es cierto que estas administraciones han estado infladas durante mucho tiempo, pero lo es más que son quienes tienen que pagar la sanidad y la educación, los dos grandes bloques de gasto.

La Consejería de Hacienda ha realizado unas simulaciones basadas en el año 2014, porque en ese ejercicio se acometió un importante adelgazamiento de las administraciones. Pues bien, si se toma como base de gasto ese año, el fondo de suficiencia deja de cubrir unos 20.000 millones de euros. La recaudación total del Estado por impuestos es de 200.000 millones de euros al año, de los cuales 90.000 van a parar a las comunidades.

El Gobierno debería presentar en la próxima semanas su proyecto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se sientan los responsables de las Haciendas territoriales. La negociación se lleva a cabo entre Madrid y los distintos gobiernos autonómicos, aunque el peso lo suele tener Cataluña y Andalucía, las más pobladas. En esta ocasión, va a contar bastante Valencia, ya que es la comunidad peor financiada, donde ha habido manifestaciones populares en contra del actual sistema.

Por el momento, habrá que esperar a que se forme un Gobierno en Cataluña después de las elecciones del 21 de diciembre. El equipo de Puigdemont se desentendió del sistema de financiación, ni envió a ningún experto a la comisión ni participaba en los consejos de política fiscal. Pero el Gobierno central tiene, además, otros intereses. El ministro de Economía, Luis de Guindos, quiere que 2018 sea el último en el que España esté lastrada con el expediente de déficit excesivo, desea acabar el ejercicio con un desfase inferior al 3%. Esto no favorece la liberación de más fondos o la asunción de un gasto mayor. Además, el Gobierno sigue sin solventar la reforma de la regla de gasto, que está afectando negativamente a los ayuntamientos. Los municipios españoles ya generan un superávit de 6.000 millones de euros que no pueden dedicar a la inversión por esta regla, que controla el gasto incluso en tiempos de fuerte recaudación. Este superávit se tiene que destinar al pago de la deuda.