el juicio de los ere

Magdalena Álvarez pide al tribunal que excluya del juicio el delito de asociación ilícita que le atribuye el PP

  • La defensa de la ex ministra tilda de "sorpresiva" la acusación del PP y considera que le causa indefensión porque no se practicaron pruebas durante la instrucción relacionadas con este delito.

Magdalena Álvarez a su llegada a los juzgados Magdalena Álvarez a su llegada a los juzgados

Magdalena Álvarez a su llegada a los juzgados / EFE

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La defensa de la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez ha pedido este miércoles al tribunal que enjuicia el denominado “procedimiento específico” de los ERE que excluya del juicio el delito de asociación ilícita que la acusación del PP atribuye a los 22 ex altos cargos procesados y a los que pide por el mismo una condena de dos años de prisión.

El abogado Rafael Alcácer Guirao ha expuesto a la Sala, al inicio de la quinta sesión de la vista oral, que debe delimitarse el objeto del procedimiento, pero no en el sentido que lo ha expuesto la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido que se “redefina o reinterprete” el mismo, sino para que las acusaciones se sometan al contenido del auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, el auto que puso fin a la instrucción y en el que no se incluía ningún delito de asociación ilícita.

La introducción de este delito por parte de la acusación popular que ejerce el PP en su escrito de conclusiones provisionales es, según la defensa de Magdalena Álvarez, una actuación “ex novo y sorpresiva” que vulnera el derecho a ser informado de la acusación y al derecho de defensa.

El letrado ha argumentado que a la ex consejera no se le imputó este delito cuando prestó declaración en el juzgado como imputada y “no se ha practicado prueba alguna relativa” a este delito durante la fase de instrucción, por lo que, citando doctrina del Tribunal Constitucional, ha concluido que no se puede acusar de este delito sin habérsele oído previamente y el PP no puede acusar “so pena de vulnerar el derecho de defensa”.

Para la defensa de Magdalena Álvarez, el relato de la acusación popular adolece de un “raquitismo incompatible” con los derechos de un investigado a conocer la imputación, por lo que ha pedido que previamente al desarrollo de las sesiones se excluya este delito.

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