El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, defendió ayer en comisión parlamentaria la transparencia en la revisión de los expedientes de ayudas de la formación profesional para el empleo. Ante la acusación del portavoz del PP de obstrucción a la justicia, garantizó que "no va a permitir que haya ninguna prescripción" de delitos.

El titular de Empleo explicó que se han gestionado el 93% de los expedientes y se han solicitado 143 millones de reintegros a las entidades beneficiarias.

La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero aseguró que la estrategia de la Junta es "no dar información ni a la justicia ni al Parlamento para ocultar el fraude" en los cursos de formación, y se cuestionó "si lo que busca es que prescriban los delitos" que se puedan derivar de las causas judiciales abiertas sobre los cursos de formación. Concretamente, exigió conocer los reintegros reclamados por la Junta a la UGT, a los consorcios de formación, gestionados por la Junta, a la extinta fundación Faffe y al entramado empresarial del ex consejero Ángel Ojeda.

Sánchez Maldonado le replicó que no puede avanzar un "reintegro completo -de las entidades solicitadas por el PP- hasta que no se completan todos los pasos" por seguridad jurídica y, además, afirmó que "no va a tener a tentación de diferenciar entre unas y otras empresas" beneficiarias de las ayudas a la formación. "Este Gobierno no va a participar en ninguna causa global ni general contra la formación", apostilló el consejero.